Impulsa senador cláusula de conciencia para informadores
Despenalizar difamación y calumnia, sólo el principio
El perredista Carlos Sotelo insta a periodistas a participar en el debate para modificar un marco jurídico que los daña
La despenalización de calumnia y difamación a escala federal es sólo el comienzo de una reforma más amplia para proteger a fondo a los periodistas, advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática Carlos Sotelo, quien cabildea con legisladores de las otras fuerzas políticas la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de los comunicadores a preservar sus fuentes de información.
Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Sotelo presentó el martes pasado la propuesta, que incluye, junto con el secreto profesional, establecer en la Carta Magna la figura jurídica de cláusula de conciencia para periodistas y la despenalización en todos los estados de los delitos de opinión.
Explicó que de 1988 a la fecha, 90 periodistas fueron asesinados, 30 durante el sexenio de Vicente Fox, y cinco están desaparecidos, y muchos otros han sido agredidos, sin que se haya castigado a los responsables, lo que pone de manifiesto que no existen garantías plenas para ejercer la libertad de expresión.
Hizo notar que sin respetar el derecho de todo comunicador a la reserva de sus fuentes, apuntes, archivos personales y profesionales, con frecuencia son citados por autoridades judiciales para que revelen el origen de alguna información.
La iniciativa propone reformar los artículos 6 y 7 constitucionales, a fin de que el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional se establezcan como garantías que la ley regulará, despenalizando la calumnia y la difamación.
Reconocer la cláusula de conciencia a escala constitucional implica que los periodistas "podrán negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios éticos y profesionales del periodismo o a sus convicciones personales en cuestiones religiosas o filosóficas, sin que puedan sufrir ningún perjuicio por esa negativa justificada".
Además, podrán terminar la relación laboral con la empresa "cuando se produzca un cambio sustancial en el carácter u orientación del medio, si éste supone una situación que atente contra su honor, fama o sea incompatible con sus convicciones morales".
Sotelo reconoció que seguramente habrá quien se oponga en el Congreso a aprobar una reforma de esta naturaleza, en la que estarán involucrados los medios de comunicación, pero que de todas formas es necesario impulsar esos cambios.
Resistencias y simulaciones en el Senado
Reveló que en el caso de la despenalización a escala federal de la calumnia y la difamación, que recién aprobó el Senado, hubo fuertes resistencias y simulaciones. "Para algunos sectores y legisladores, lo mejor hubiera sido no aprobar la minuta o modificarla para que se tuviera que regresar a la Cámara de Diputados y allí durmiera el sueño de los justos."
Sin embargo, se logró aprobar y es parte de una serie de cambios profundos "que tenemos que impulsar". De entrada, dijo, sólo opera a nivel federal, pero es en el fuero común donde más se requiere; en los estados con frecuencia se lleva a la barandilla del Ministerio Público a los periodistas.
Su propuesta, en ese contexto, es dar base constitucional a la despenalización de los delitos de opinión, para obligar a los congresos locales a reformar sus códigos civiles y penales, a fin de que la calumnia y la difamación no se persigan por la vía penal.
Explicó que en la mayoría de los estados están tipificados la calumnia y la difamación y en 17 persiste el de injuria. Tal como la definen las leyes estatales, la difamación se traduce en una acusación absurda, ya que claramente se establece en los textos que puede ser un hecho falso o cierto que cause deshonra o desprestigio.
"Es decir, no importa que el periodista diga la verdad, puede pasar años en la cárcel si el demandante asegura que a través de una información dañó su prestigio."
El perredista explicó que ha comenzado a cabildear su iniciativa con los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y ha encontrado respaldos y el compromiso de valorar la propuesta.
Asimismo, señaló que espera que los periodistas se incorporen de lleno en el debate relacionado con la modificación de un marco jurídico que los perjudica.