Usted está aquí: jueves 22 de marzo de 2007 Mundo Procesa juez federal al último presidente de la pasada dictadura militar argentina

El general Reynaldo Bignone rechaza acusación de "apología del crimen"

Procesa juez federal al último presidente de la pasada dictadura militar argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 21 de marzo. Un juez federal procesó hoy al general Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura militar, por los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por tortura, violación de domicilio y robo agravado, causa en la que también fueron procesados los generales Santiago Omar Riveros y Néstor León López.

Bignone, inconmovible, rechazó que haya hecho "apología del crimen", cuando instó recientemente a los jóvenes militares a concluir lo que los de su generación "no pudimos ni supimos terminar", por lo cual tiene otro proceso abierto.

Detenido por una causa de graves violaciones a los derechos humanos, el general consideró que sus palabras habían sido interpretadas arbitrariamente cuando escribió esa frase a los integrantes del grupo Argentinos por la Memoria Completa, que defiende a los militares acusados por delitos de lesa humanidad.

Como contrapartida de esta situación, al finalizar un acto donde se debatió la semana anterior el tema "Equidad, género y defensa" en la sede del ejército, al que asistió Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un grupo mujeres militares se acercó a ella para pedirle perdón por lo sucedido en la dictadura.

En esta semana de movilizaciones y preparativos en todo el país para recordar la nefasta imposición de la dictadura el 24 de marzo de 1976, se preparan varias demandas no sólo por el pasado y la demora de la justicia en sus trámites, sino por graves hechos recientes, como la desaparición en la provincia de Buenos Aires de Jorge Julio López, testigo clave para condenar a uno de los mayores represores en ese estado.

A seis meses de su desaparición el reclamo se une al de otros casos, como el secuestro y torturas que sufrió otro testigo, Luis Gerez, en diciembre pasado, que denunció al ex comisario de la provincia de Buenos Aires Luis Patti, a quien reconoció como su torturador en los años 70. Su testimonio fue clave para que este ex policía no pudiera asumir como diputado el año pasado.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando iba a escuchar la condena aplicada al ex jefe de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, y esta vez no pudo eludir el peso de la justicia como responsable de secuestros, torturas y desapariciones.

En estos últimos meses hubo una serie de secuestros, amenazas e intimidaciones a militantes en diversos lugares y el 27 de diciembre pasado el país vivió por unas horas la desaparición de Gerez, que luego fue liberado en graves condiciones físicas. López y Gerez son militantes del peronismo, al que también pertenece el gobierno del presidente Néstor Kirchner.

Para dirigentes de organismos humanitarios, la violación de derechos humanos, terrorismo de Estado y asesinatos masivos que aplica Estados Unidos en su territorio y en otros países alentó a sus viejos discípulos locales, lo que se demostró en el juicio a Etchecolatz cuando sus defensores justificaron sus crímenes como parte de la lucha antiterrorista comparándola con las acciones de los militares estadunidenses en Irak.

Ante esta situación, en las últimas horas se redobló la ofensiva de esos organismos para derogar los indultos a los jefes militares de la dictadura, que firmó el ex presidente Carlos Menem en 1989 y 1990.

Otro tema que está haciendo ruido aquí es la detención de seis campesinos paraguayos, cuando se presentaron a pedir refugio al Comité de Elegibilidad para los Refugiados, en mayo de 2006.

A pesar de testigos y pruebas suficientes que demuestran que estos hombres fueron acusados falsamente del secuestro y muerte de la hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas, y de que un juez de ese país determinó su inocencia, el magistrado Ariel Lijo resolvió su extradición en diciembre.

De la misma manera, los organismos humanitarios presentaron informes de asesinatos y desapariciones de al menos 200 campesinos en varias zonas de Paraguay

Considerando que esta semana es simbólica para el tema de derechos humanos, importantes dirigentes solicitarán a la Corte Suprema que no extradite a estos seis encarcelados y que sean ya liberados.

Desde Paraguay, Martín Almada, defensor de derechos humanos y premio Nobel Alternativo de la Paz, envió su testimonio: "Todos saben en Paraguay de las persecuciones a los campesinos. Todavía están aquí frescas las huellas de la dictadura de Stroessner y están en muchos lugares clave los mismos que practicaron aquí el terrorismo de Estado. Esos campesinos presos en Argentina son parte de los miles de luchadores del campo que son perseguidos porque reclaman justicia, transparencia, participación y mejor distribución de la riqueza, y luchan contra la pobreza. Como respuesta está la persecución política a pesar de haber sido declarados inocentes por el juez más respetado del país, el doctor Pedro Mayor Martínez.

"Por eso pido a los argentinos y a todos que luchen por la justicia y no sean extraditados Agustín Acosta González, Roque Rodríguez Torales, Basiliano Cardozo Jiménez, Arístides Vera Silguero, Simeón Bordón Salinas y Gustavo Lezcano Espínola, campesinos paraguayos que luchan por sus derechos y la vida".

 
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