Reconoce que intervino y tuvo vínculo directo en varios momentos con HSBC
La Función Pública sólo ejerció una ''prevención'' contra Gil Díaz
Hacienda, CNBV y BdeM dilataron la entrega de los documentos oficiales requeridos
El factor tiempo, la dilación en la entrega de la documentación oficial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BdeM), así como la renuncia al cargo de consejero independiente del HSBC Holding PLC, con sede en Londres, jugaron a favor de José Francisco Gil Díaz, ex titular de Hacienda, para eludir una sanción de la Secretaría de la Función Publica (SFP).
Según se desprende de la auditoría que practicó la SFP, Gil Díaz se previno además con una petición especial que hizo a Ralph G. Barber, secretario del Grupo Empresarial HSBC, en el Reino Unido, a quien solicitó ''no participar en ningún asunto relacionado con México'', durante un año, a partir de la fecha de su nombramiento como consejero de esa institución financiera, el 2 de enero pasado.
Precisamente con esa petición, Gil Díaz pudo prevenir cualquier sanción derivada de alguna violación a los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP).
En esos artículos se advierte que cualquier funcionario público debe abstenerse de ocupar, hasta por el lapso de un año, algún empleo, cargo o comisión en actividades profesionales, comerciales o industriales que se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público y que impliquen intereses en conflicto.
De hecho, por esos motivos los legisladores de todos los partidos políticos, incluyendo el propio PAN, desaprobaron el nombramiento de Gil Díaz, hecho público apenas 33 días después de que concluyera su responsabilidad al frente de Hacienda.
Si bien inicialmente la SFP dijo no tener elementos para practicar una auditoría, porque no había denuncia contra Gil, finalmente tuvo que proceder tras las denuncias que presentó el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gámiz, el 8 de enero pasado. No fue el único, toda vez que el periodista Alvaro Delgado y el ciudadano Carlos Augusto Morales López interpusieron otras.
Aun cuando el 9 de enero la SFP giró oficios a la SHCP y a la CNBV para que procedieran a entregar toda la documentación relacionada con ''los actos jurídicos, acciones y actividades que en materia de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia'' hubiera efectuado el ex titular de la SHCP -de diciembre de 2001 a noviembre de 2006-, respecto a HSBC, esas instituciones no respondieron a la petición, sino hasta después de un segundo requerimiento. Fue hasta el 26 de enero que entregaron la documentación. Lo mismo ocurrió con el BdeM, el cual fue requerido para entregar la documentación el 19 de enero, primero, y después el 15 de febrero.
De la información revisada por la SFP, se determinó que Gil Díaz sí tuvo acceso a información reservada vinculada con el holding. Incluso, acepta que ''intervino de manera directa'' y tuvo un vínculo directo con esa institución financiera, en tres momentos fundamentales: en la fusión entre el Banco Internacional SA, el grupo Financiero Bital y HSBC Bank México; en la adquisición del Grupo Financiero Bital por HSBC Holding PLC, y en el establecimiento en territorio nacional de una oficina de representación de ese corporativo.
Sin embargo, entre otros razonamientos que despliega la SFP para exonerar a Gil Díaz, destaca que éste ''solicitó a HSBC Holdings PLC que durante un año, a partir de la fecha de su nombramiento, él no debe participar en ningún asunto relacionado con México''.
La renuncia de Gil Díaz a ese cargo, el 28 de febrero, le llevó a concluir a la SFP que el ex funcionario no pudo haber usado información confidencial a favor de ese holding, porque del 2 de enero a esa fecha ''parecería que no tuvo oportunidad de realizar alguna actuación como consejero independiente''. De tal suerte que la auditoría que se le practicó a Gil Díaz, por presunto conflicto de interés, culminó sólo en una ''prevención'' de la SFP.
En una misiva, la SFP demanda al ex funcionario que ''observe de manera estricta las consideraciones jurídicas'' que se desprenden de la auditoría, para evitar contravenir lo señalado en los artículos 8 y 9 de la LFRASP.