Usted está aquí: sábado 5 de mayo de 2007 Política Denuncia alcalde de Nocupétaro abusos de las fuerzas armadas durante operativos

Parecen actos de venganza contra la población, señalan residentes de Uruapan

Denuncia alcalde de Nocupétaro abusos de las fuerzas armadas durante operativos

Detenciones arbitrarias, tortura y robos, parte de la búsqueda de asesinos de militares

ERNESTO MARTINEZ, JAIME MARQUEZ, ANTONIO AGUILERA, DANIELA MORALES, GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSALES, REPORTERO

Ampliar la imagen Aspecto de la llegada de las tropas del Ejército a Carácuaro Aspecto de la llegada de las tropas del Ejército a Carácuaro Foto: Agencia Esquema

Nocupetaro, Mich., 4 de mayo. El alcalde de este municipio, el perredista, Marco Antonio García Galindo, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que fue turnada a la instancia nacional, contra elementos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por haber cometido "arbitrariedades y abusos" contra los habitantes de Nocupétaro y Carácuaro.

En la búsqueda de los responsables del asesinato de cinco militares, perpetrado el pasado primero de mayo, los cuerpos de seguridad federales "han efectuado un sin fin de cateos en sus domicilios (de los habitantes de los dos pueblos), sin contar con las órdenes respectivas y causando daños y destrozos a las propiedades de los ciudadanos; han aprehendido a personas sin las órdenes judiciales correspondientes, ignorándose el paradero de las mismas; en algunos casos se ven personas amarradas a postes e incluso a un hombre el cual estaba siendo asfixiado por inmersión en la pila (de agua) de ese lugar", señala el documento entregado por García a la CEDH.

Según testimonios recabados por el visitador de la CEDH en Uruapan, Jaime Pérez Torres, en comunidades de ambos municipios, el operativo en busca de los presuntos sicarios se tradujo en redadas que habrían violado flagrantemente las garantías individuales de los pobladores, ya que las fuerzas castrenses, más que buscar a los delincuentes, "da la impresión de que son actos de venganza contra la población".

Tan sólo en la comunidad de Las Guacamayas, en Carácuaro, se registraron decenas de casos de violaciones de domicilios y dos supuestos hechos de tortura durante la madrugada y a lo largo del jueves 3 de mayo sin embargo sólo 15 personas decidieron presentar su queja ante la CEDH.

Pérez Torres -quien levantó la queja número 168/07-, detalló que tras dialogar con 15 familias de esa población la sensación es que se encuentran prácticamente sitiados por tropas de la Sedena y personal de la AFI, PFP y PGR.

El alcalde de Carácuaro, el priísta Ismael Garduño Ortega, solicitó la intervención "decidida" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el apoyo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel para revisar la actuación que tuvieron efectivos del Ejército mexicano durante los operativos que implementaron al día siguiente de la emboscada.

En Nocupétaro, la mañana de este viernes más de 30 personas acudieron a la presidencia municipal para presentar denuncias. Salvador Arroyo, director de Quejas de la CEDH, instaló una mesa de recepción. La mayoría eran vecinos de la comunidad Las Guacamayas, municipio de Carácuaro, quienes señalaron que les robaron dinero, algunas joyas, les desacomodaron sus cosas, entraron a la fuerza a sus domicilios, y detuvieron a algún familiar.

El alcalde Marco Antonio García Galindo informó que será este sábado cuando arriben los visitadores de la CNDH para recibir las quejas contra los cuerpos de seguridad de la Federación, aunque particularmente hay un mayor descontento con los militares que han actuado con prepotencia, golpeado personas y saqueado algunos hogares.

Carácuaro militarizado

En la cabecera municipal de Carácuaro, donde el martes fueron emboscados los militares, las autoridades civiles prácticamente desaparecieron; en las oficinas de la presidencia un soldado es el que responde las llamadas, desde el 2 de mayo. El Ejército tiene bajo control esta población de Tierra Caliente, ubicada a unos 200 kilómetros de Morelia. Los comercios en su mayoría permanecen cerrados y más de 300 militares patrullan las calles ubicándose en lugares estratégicos. Ocho helicópteros se encuentran apostados en el lecho seco del río Carácuaro.

Los militares presentes en este sitio impiden que les tomen fotografías o videos y asumen una actitud difícil con la prensa. La tarde de hoy, dos agentes de tránsito de Nocupétaro intentaron presentar una queja pero los visitadores de la CEDH ya se habían retirado. En represalia, los militares los detuvieron, desarmaron y golpearon: a uno le fracturaron dos costillas.

"Uno de los soldados me amenazó y me dijo que era protector de narcos, después me devolvieron mi arma y uno me dijo que me fijara bien qué era porque me iba a partir la madre", comentó uno de los agentes.

Trascendió que al alcalde de Carácuaro, Ismael Garduño, y el director de Seguridad Pública, Raymundo Hernández, fueron trasladados a Morelia para declarar ya que al parecer acusan a los policías municipales de no haber intervenido el día de la agresión, cuando estaban muy cerca del lugar de los hechos.

Se informó también que cuando el martes por la noche llegó el agente del ministerio público sólo estaba en el lugar el cuerpo del civil que pereció en el enfrentamiento, ya que al parecer los mandos del Ejército habían retirado a los militares caídos y lesionados. Asimismo, el alcalde de Nocupétaro comentó que su director de Seguridad Pública, Prodigio Rosales, fue detenido y puesto a disposición de la PGR.

Carácuaro está tomado por los militares, en tanto que el pueblo vecino de Nocupétaro continúa entre la incertidumbre y el temor, porque la presencia de los soldados es constante, "y aquí la gente del pueblo es tranquila, pero llega gente de fuera, hace sus fregaderas y después se van", comentó el dueño de una tienda de abarrotes.

Suman 25 los detenidos en la zona de la emboscada

Como parte de las investigaciones que de manera conjunta realizan las procuradurías General de la República (PGR), de Justicia Militar y de Justicia de Michoacán, otras 15 personas presuntamente relacionadas con grupos de crimen organizado fueron detenidas el jueves y rinden su declaración ministerial, a fin de lograr la detención de los homicidas de cinco militares en el municipio de Cuarácuaro.

Con esto suman 25 los ciudadanos capturados en la zona de Carácuaro, donde se perpetró la agresión, y que son investigados por su presunta relación con los hechos.

La procuraduría informó en la ciudad de México que inició la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/287/2007 tras la detención de supuestos narcotraficantes que operan en la zona de Cuarácuaro, durante un operativo realizado por integrantes de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), en la zona.

La PGR no ha establecido que alguno de los 25 detenidos -20 hombres y cinco mujeres- estén relacionados directamente con el crimen de los militares el 2 de mayo; sin embargo, fuentes gubernamentales refirieron que el grupo de sicarios que participó en el enfrentamiento contra los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional están relacionados con células del cártel del Golfo y los detenidos estarían vinculados con éstas, por lo que no se descarta obtener información fidedigna respecto de la identidad de los agresores.

La PGR informó que este viernes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal Estanislao Pérez Vargas, Fortunato Mondragón Alejandro, Julián Mondragón Baltasar, Simón Mondragón Torres, Inocente Manríquez García, José Santos Mondragón Torres, José Mondragón Casas, Miguel Franco Rojas, José Rebollar Mondragón, Pablo Mondragón Alejandro, Elfego Mondragón Torres, Amado Díaz Avila, Agustín Maldonado Padilla, Roberto Banderas Lozano y Joel Mondragón Soto.

A los detenidos se les confiscaron 25 armas de fuego, algunas de grueso calibre, y más de 900 cartuchos útiles, así como mariguana y vestimenta policial.

Del primer grupo de 10 sospechosos detenidos el jueves en un bar de Carácuaro, seis siguen rindiendo declaración en la delegación estatal de la PGR, mientras que cuatro mujeres menores de edad fueron enviadas al tutelar del estado.

 
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