Impulsa ministra de Defensa cambios legislativos para dar al soldado un trato de civil
Apoya el Senado argentino reformas al Código Penal por la ley antiterrorista
Impartirán cursos sobre derechos humanos a las nuevas generaciones castrenses
Buenos Aires, 7 de junio. El Senado argentino apoyó ayer las modificaciones al Código Penal vigente, en las que se contempla incluir la discutida legislación antiterrorista, rechazada por todos los organismos de derechos humanos y sociales, mientras la ministra de Defensa Nilda Garré defendió ante la Legislatura -en otra presentación- el proyecto de remplazar el código castrense por la jurisdicción ordinaria, como un fuerte cambio en las fuerzas armadas.
El ministerio de Defensa además trabaja activamente en los cursos sobre derechos humanos, sociales y otros que se dictarán en las aulas castrenses, especialmente destinados a las nuevas generaciones militares.
Nilda Garré, acompañada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni defendió el proyecto de modificaciones en lo militar que prevé la eliminación de la pena de muerte de la legislación argentina; deja de considerar un delito la homosexualidad dentro de las fuerzas armadas, anula el fuero castrense para juzgar los delitos cometidos por militares y también propone insertar en el Código Penal los llamados delitos "esencialmente militares", entre otros, creando un nuevo régimen disciplinario. Asimismo se precisarán los llamados "delitos militares, para evitar acciones arbitrarias o un uso persecutorio, además de eliminar anacronismos".
El proyecto de ley del Ejecutivo, presentado por Garré, fue redactado por juristas, auditores militares, legisladores y académicos. Zafaroni, quien acompañó a Garré como integrante de la mesa redactora, dijo que estos cambios intentan considerar al soldado "como un ciudadano" y es apoyado por diversos sectores.
No sucede lo mismo con la ley antiterrorista que se debatió en el Senado, donde sus defensores argumentaron que se darán garantías a inversiones. Pero hubo una voz disidente, la del socialista Rubén Giustiniani, basada en los trabajos realizados por organismos humanitarios que desde hace tiempo luchan para impedir que se imponga esta legislación.
A mediados de los 90, Carlos Corach, ministro del Interior del gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999), trabajando directamente con las instituciones de seguridad de Estado Unidos, intentaba alinear a la región en las legislaciones antiterroristas impulsadas por Washington, y por eso esta medida es resistida aquí en diversos sectores.
En un país donde 30 mil personas fueron desaparecidas acusadas por los militares de la pasada dictadura (1976-1983) de "terroristas", una legislación de este tipo causa desconfianza, rechazo y temores, especialmente porque es una constante exigencia del gobierno de Estados Unidos, y en especial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya amenaza más reciente fue que se declararía a Argentina como "no confiable para las inversiones" si no sancionaba una ley antiterrorista antes de finalizar junio de 2007.
Difícilmente esta ley resulte muy popular aunque se diga que está pensada para enfrentar el "terrorismo internacional y al narcotráfico", y que aquí se cumplirá la nueva legislación respetando los derechos humanos. Está considerada por organismos humanitarios como "una peligrosa puerta abierta a las violaciones de derechos humanos".
El tema clave -dicen- es que ni siquiera se ha podido definir exactamente lo que considerarán terrorismo. "De acuerdo con lo que estamos viendo en el mundo, bajo el argumento del terrorismo se han invadido países, miles de personas están muriendo y se han utilizado argumentos falsos para matar indiscriminadamente. Incluso la tortura se ha legalizado en algunos países y se justifica", señala el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien condena las presiones externas para imponerla.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) tampoco acepta esta norma y advierte sobre un "limbo jurídico" para determinar conductas y actos supuestamente terroristas.
Para buscar consenso, diputados oficialistas recordaron los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la mutual judía AMIA (julio de 1994). "La defensa que se hizo de esta legislación deja suficientes vacíos y el escenario internacional da cuenta de cómo pueden influir las interpretaciones y el hecho de acomodar una legislación a las necesidades de los poderes locales y extranjeros", advierte Pérez Esquivel.
"¿Quién determinará cuales son organizaciones terroristas, los mismos que determinaban que toda protesta contra las dictaduras eran actos de terrorismo y el financiamiento? Esto es muy peligroso", asegura.
Los defensores oficialistas en el Senado dicen que no se usará en ningún momento para criminalizar la protesta social, que está muy bien definido en cuanto al significado de la lucha contra el terrorismo internacional, y sostienen que la figura de Asociación Ilícita, que se prevé en la legislación, está sirviendo para condenar crímenes del terrorismo de Estado impuestos por la pasada dictadura.
El socialista Giustiniani advirtió sobre el hecho de que "con la premisa de ganar eficacia, muchas veces se sacrifican garantías constitucionales" y que incluso son peligrosas estas medidas preventivas, que parten del concepto de "guerra preventiva" fuertemente cuestionado en los propios Estados Unidos en estos momentos.