El principal manejo irregular de recursos se dio en Energía, con 8 mil 400 millones
En el "mejor año" del gobierno de Fox, quebranto de $26 mil 342 millones
Señala la Auditoría Superior de la Federación que en 2005 se redujo el daño al erario
La Cámara de Diputados reveló la existencia de un quebranto de fondos públicos por un monto de 26 mil 342 millones de pesos en el penúltimo año de gobierno de Vicente Fox Quesada, considerado el "mejor" en ese aspecto entre 2002 y 2005.
Las conclusiones de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005 manifiesta que el manejo irregular y turbio de dinero público se encontró en los siguientes sectores:
"Energía (8 mil 400.7 millones de pesos); Hacienda y Crédito Público (6 mil 293.2 millones); Salud (4 mil 290.9 millones); entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal (2 mil 813.1 millones); Educación Pública (mil 629.2 millones de pesos), y las entidades no coordinadas sectorialmente (777.9 millones de pesos). Estos sectores en conjunto concentran 92 por ciento del monto total de la cuantificación monetaria de las observaciones".
Como producto de la revisión de la cuenta pública 2005, durante 2006 sólo se logró recuperar un monto de mil 337 millones de pesos derivados de auditorías de gestión, existencia y legalidad a la cartera adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), a revisiones a estados y municipios, a la construcción de la biblioteca José Vasconcelos, y en la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas.
En medio de la opacidad también se dio una recuperación aledaña, calculada en 24 mil 312 millones de pesos, recursos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, "por lo que la Comisión de Vigilancia ha insistido ante la Auditoría Superior de la Federación en la conveniencia de aclarar la naturaleza de los recursos que integran dicha cantidad, su ubicación y las consecuencias de la recuperación lograda".
En términos comparativos, manifiesta el documento, en las revisiones practicadas a los ejercicios fiscales de 2002 a 2005 se presentó una reducción en los montos totales que afectaron las cuentas públicas. En 2002 el monto del impacto económico a los recursos públicos fue de 77 mil 287 millones de pesos; en 2003 el daño al erario fue de 54 mil 92 millones de pesos, y un año después, en 2004, la cifra se ubicó en 33 mil 157 millones de pesos.
Deterioro de Bancomext
En la revisión a las cuentas del gobierno en 2005, la Comisión de Vigilancia también presentó un diagnóstico muy serio y preocupante en torno a la viabilidad y futuro del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext):
"Debido al deterioro de los principales indicadores financieros de Bancomext, que revela que éste registra una severa situación de insolvencia que podría terminar en una quiebra técnica, resulta urgente que la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de sus atribuciones, recomiende a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que recomponga estructuralmente la situación financiera de dicha institución de crédito y revise la viabilidad de hacerlo extensivo a las demás bancas de desarrollo".
En materia de contabilidad gubernamental, la evaluación realizada detectó que no existen normas del sector público convergentes con las internacionales, sobre las que se pueda construir un sistema homogéneo que permita consolidar la información financiera de los tres niveles de gobierno y con base en el cual se pueda incrementar la calidad y comparabilidad de la información, así como la preservación y control del patrimonio nacional.
Entre las recomendaciones que envió la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo destacan las siguientes:
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación requiere romper con los ciclos de rescate-saneo-privatización para evitar que se privaticen las ganancias y se socialicen las pérdidas. "Se deben atacar de forma estructural y no coyuntural los problemas de la agroindustria a partir del impulso decidido del Estado en la conformación y fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales, así como la vigilancia exhaustiva de la Secretaría de Economía para combatir la especulación y excesiva intermediación.
En el terreno de Comunicaciones y Transportes, a pesar del dinamismo y alto crecimiento del sector, es necesario que el Estado promueva una efectiva política de competencia, a efecto de contrarrestar el poder de mercado de los operadores dominantes y la alta concentración que existe en el mismo.
"Se debe promover el fortalecimiento de las instituciones de regulación del mercado, dotándolos de facultades para sancionar las prácticas desleales y establecer como prioridad el incremento de la cobertura social.
Respecto de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, se considera necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establezca un sistema efectivo de coordinación y provisión de información con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se comparta la información en tiempo real y se pueda "castigar y suspender las concesiones para el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo en los casos que amerite".
En el caso del sector energético se recomienda a la secretaría del ramo establecer indicadores medición para alcanzar la cobertura social, y en lo referente a los hidrocarburos, Petróleos Mexicanos debe aplicar mecanismos exigentes que permitan la medición, verificación y conciliación de los volúmenes de crudo recibido, así como de volúmenes manejados en sus procesos de producción, distribución y comercialización de productos petrolíferos.