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Grupos de policías y civiles armados, implicados en casos de torturas: ONG

Sin freno en Paraguay, la ola de plagios y asesinatos de campesinos

STELLA CALLONI

Buenos Aires, 29 de junio. El reciente secuestro, tortura y asesinato de Antonio Almada, del Movimiento Campesino Paraguayo, quien fue sacado de su casa, en el asentamiento Meno Kue, departamento de Canindeyú, en Paraguay, se añade a la larga lista de casos similares que han sido denunciados por organismos humanitarios de ese país.

Almada fue llevado con engaños a una emboscada el pasado 26 de mayo, y su cadáver, con señales de tortura, fue encontrado a un kilómetro de su casa. Sus familiares denunciaron que el cuerpo estaba golpeado, "tenía las uñas arrancadas, los genitales reventados y un orificio de bala en el cuello. Varios vecinos comentaron que escucharon gritos esa noche en una casa cercana, que está abandonada, donde se encontraron restos de sangre", denunció la secretaría de relaciones internacionales del Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS).

A su vez, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay ha denunciado en años recientes unos 200 asesinatos y desapariciones de campesinos en distintos lugares del país, en los cuales también realizan maniobras las tropas de Estados Unidos, a las que el Congreso paraguayo concedió inmunidad desde mayo de 2005.

En abril pasado, el Serpaj dio a conocer que grupos de policías y civiles maniataron y golpearon al niño Blas Argaña, de 11 años de edad, para que les dijera dónde estaba su padre.

"Unos 30 policías que intervinieron la tarde del miércoles 18 de abril en la colonia Paraguái Pyahu, distrito de Guajayvi, encabezado por Menelio Orué, encargado de la comisaría local, maniataron, abofetearon y golpearon en la planta de los pies al niño, quien estuvo atado a un árbol cerca de una hora. Luego le dieron algo de dinero y le exigieron silencio. La fiscal Lilián Ruiz, quien había ordenado el proceso para detener a varios campesinos -entre ellos al padre del niño-, terminó pidiendo perdón por esos hechos", informó el Serpaj.

También mencionó otro procedimiento policial en el distrito de Guajayvi, San Pedro, en el que civiles armados y policías detuvieron y golpearon a cinco campesinos sin razón alguna, a quienes la fiscal Ruiz también ofreció "disculpas".

En este caso los policías fueron acompañados por civiles armados, "que actuaban bajo el mando de los uniformados", relataron vecinos al promotor jurídico Juan Manuel Avalos, quien visitó la comunidad luego de la intervención.

A su vez, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay ha denunciado desde hace tiempo la tragedia que vive el movimiento campesino en ese país, ante el avance de las trasnacionales que ocupan sus tierras para sembrar transgénicos y utilizan métodos de terror para que los campesinos les dejen sus tierras, utilizando a fuerzas policiacas y grupos civiles armados.

Debido a esto, organismos humanitarios de Paraguay han redoblado sus denuncias contra la "ley antiterrorista", recientemente aprobada en ese país por la Cámara de Diputados, "a instancias y bajo presión de la embajada de Estados Unidos", al advetir que esa legislación "criminaliza la lucha por la tierra en el país" y será usada como herramienta legal para perseguir" a quienes exigen sus derechos, calificándolos de "terroristas".

Ante la gravedad de esos sucesos, organismos humanitarios de Argentina y el también premio Nobel Alternativo Martín Almada, descubridor de los "archivos del horror" en Paraguay en 1992, pidieron a la justicia y al gobierno argentino que no extraditen a seis campesinos paraguayos que están presos desde hace más de un año aquí, adonde llegaron en busca de refugio político.

La extensa lista de asesinatos, desapariciones y torturas en años recientes, en las zonas rurales de Paraguay, "hace insostenible cualquier decisión que envíe a los campesinos presos en Argentina de regreso a su país, ya que a pesar de que se demostró su inocencia la justicia paraguaya insiste en solicitar su extradición", expresó Almada recientemente en Buenos Aires.

En una carta escrita desde la cárcel de Marcos Paz, los campesinos paraguayos recuerdan que llevan "un año presos por pensar, por querer ser libres, por denunciar injusticias y, sobre todo, por repudiar la presencia de las tropas de Estados Unidos" en su país.

Detenidos el 2 de mayo de 2006, cuando llevaban los documentos requeridos por el Comité de Elegibilidad para Refugiados, en esa misma oficina y con inusitada violencia, señalan que se ha "hecho oídos sordos a nuestras denuncias de persecución, negándonos el refugio político a tres días de haberlo solicitado, argumentando que Paraguay es un país que goza de un estado de derecho, como dijo el juez (Ariel Lijo) que concedió la extradición en primera instancia".

También recordaron que pertenecen al "sector del campesinado que históricamente ha enfrentado la dictadura", y que a los miles que sufrieron muerte y persecución en esos años ahora "se han sumado más de 200 mártires" desde la caída del dictador Alfredo Stroessner, en 1989.

Por todo ello decidieron solicitar el apoyo de los pueblos de América Latina, para acompañar "en digna resistencia al pueblo campesino y pobre de Paraguay, y pedimos que la solidaridad exija refugio en Argentina y que miren lo que sucede en nuestro país".

 
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