Escasos alcances de la fiscalía para atención a delitos contra comunicadores, señala
Periodistas en México viven situación "delicada": ombudsman a la CIDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió al 128 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación actual y los riesgos de los trabajadores de la prensa en México, en el cual resalta "la delicada situación que viven hoy los periodistas y comunicadores", y aseveró que durante 2006 y lo que va del año 12 reporteros han sido asesinados y cinco desaparecidos, pero de 2000 a la fecha 33 han sido ejecutados y seis desaparecidos.
El informe complementa la audiencia sobre la situación de la libertad de prensa en el país que solicitaron organizaciones civiles como Reporteros Sin Fronteras, el Centro Nacional de Comunicación Social, Article XIX y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México, entre otras.
La CNDH subrayó que los agravios de mayor gravedad contra periodistas son homicidio, lesiones y desapariciones forzadas, mientras otras agresiones frecuentes son amenazas vía telefónica o Internet, intimidaciones personales, atentados a sus oficinas, espionaje telefónico y robo de materiales, en particular cuando denuncian actos de corrupción, de abuso de poder o efectúan investigaciones sobre crimen organizado y narcotráfico.
En tanto, las organizaciones civiles, en su informe presentado en Washington ante la CIDH, aseguraron que 2006 fue uno de los años con más agravios y atentados en fechas recientes, ya que las agresiones a periodistas han ido en aumento desde 2003, cuando hubo 76; la cifra creció en 2004 y se mantuvo en 2005, pero en 2006 sumaron 131 casos.
Las organizaciones destacan que en México, "cada vez con mayor intensidad, el ejercicio periodístico se ha convertido en una actividad peligrosa. El aumento de homicidios y agresiones contra comunicadores, organizaciones y defensores de derechos humanos es prueba de ello, y un agravante mayor es la impunidad en que se mantienen esos crímenes".
En tanto, la CNDH subraya que de 1991 a la fecha se han recibido 569 quejas. Tan sólo en el presente año van 42, y en 2006 recibió 74.
"Como agravante de estos lamentables y reprobables acontecimientos hemos observado que en la mayoría de estos casos no ha existido una respuesta adecuada por parte de las autoridades federales y estatales en la investigación de los hechos, lo que resulta grave por el efecto amedrentador sobre los demás periodistas y se traduce en graves consecuencias, como es la impunidad."
Añade que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas "no tiene los alcances necesarios, pues su estructura legal le permite sólo proceder en el ámbito federal, y la mayoría de las denuncias corresponden al ámbito local; aunado a ello está impedida de conocer de asuntos en los que se presuma la participación del crimen organizado".
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destaca en el informe que "es grave y delicada la situación que sufren los periodistas y comunicadores en el país; las agresiones se multiplican, producen el hostigamiento directo a la víctima y se crea una clima generalizado de temor en los integrantes del gremio.
"Esta delicada situación, denunciada por este órgano, no ha pasado inadvertida para los organismos internacionales."
Ante ese panorama de ataques, la CNDH sostiene que "cuando el Estado no cumple de manera efectiva y cabal la investigación del asesinato o la desaparición de un periodista y no aplica las sanciones penales contra los autores materiales e intelectuales, comete un acto particularmente grave, porque viola los derechos de la sociedad a la libertad de expresión y a recibir información".
Lo anterior "resulta especialmente grave porque amedrenta a los demás periodistas, crea un clima general de inseguridad, terror e incertidumbre, provoca impunidad, motiva que las agresiones sean cada vez más violentas y se induce a que los actos de represión y amenaza también provengan de grupos fácticos de poder, particularmente del crimen organizado".
La CNDH hace mención de la violencia vivida en Oaxaca, donde el periodista Bradley Roland Will fue privado de la vida, y fueron agredidos corresponsales y fotógrafos de los periódicos La Jornada, Milenio, El Universal y Reforma, así como de la revista Proceso y la agencia EFE.
La CNDH da cuenta de la recomendación general número dos, en la que defendió el derecho de los comunicadores a no revelar su fuente de información, denunciando además que la presión para que lo hagan constituye una nueva forma de intimidación, que violenta el principio de legalidad y derechos humanos.