Legislador señala ineficacia de la ASF para actuar contra quienes cometieron ilícitos
Comienzan auditorías a instancias que participaron en el proceso electoral 2006
A solicitud de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un conjunto de auditorías financieras y de desempeño a los órganos que intervinieron en el proceso electoral de 2006: el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con el propósito de determinar el manejo que dieron a su presupuesto durante la renovación del Poder Ejecutivo.
Las auditorías, incluidas en el programa que ya comenzó la ASF, se inscriben en una lista de 55 a realizar dentro del grupo funcional de gobierno, como consta en el programa anual entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por el órgano fiscalizador.
“El objetivo no es entender las decisiones que tomaron respecto de la elección, sino cómo orientaron el presupuesto durante el proceso, y de ahí podremos sacar conclusiones”, expresó el presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez.
El paquete incluye desde una auditoría para determinar cómo Felipe Calderón y los integrantes de su equipo de transición gastaron los 150 millones de pesos depositados por Hacienda en un fideicomiso del Banco del Ejército en 2006, hasta el manejo financiero de la fiscalía que encabezó María de los Angeles Fromow.
Dentro de la revisión a las cuentas de esas cuatro instituciones resalta la que se realizará al IFE, específicamente al presupuesto destinado a servicios personales, y de este rubro a los salarios y prestaciones de los consejeros electorales.
“El comportamiento de Luis Carlos Ugalde y otros consejeros, que serán removidos, también podrá ser explicado a partir de esta auditoría, cuyos detalles se podrán conocer. El IFE manejó recursos importante en 2006 para el proceso, que fue uno de los más caros”, expresó Ortega.
Además, el legislador del PRD resaltó que existen evidencias de los excesos cometidos por “los consejeros en capilla”, expresamente en el rubro de viajes, viáticos y la compra de automóviles de lujo.
En los casos del tribunal electoral y de la Suprema Corte, expuso, también se revisarán el rubro de servicios personales y las pensiones de los ministros y magistrados, como parte de un presupuesto creciente en ambas instituciones.
Además, la ASF incluyó –a petición expresa de los diputados– auditorías especiales a áreas claves en las que el foxismo buscó combatir el crimen organizado, como el programa México Seguro, pero también en rubros donde los legisladores presumen que falló la estrategia o hubo colusión de servidores públicos, como el área de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, y la Dirección General de Aduanas, que depende del Sistema de Administración Tributaria.
En este último caso, la ASF enfocará su revisión a las administraciones locales.
Ineficiencia de González de Aragón
Asimismo, el órgano superior de fiscalización entregó a la Cámara de Diputados un desglose de las observaciones hechas al manejo del presupuesto en los primeros cinco años de gobierno de Vicente Fox, descritas en los respectivos informes de las cuentas públicas de ese periodo, así como del Informe de Avance de Gestión Financiera 2006, cuya cuenta se presentará en marzo de 2008.
De 2002 a 2006, la ASF presentó 14 mil 570 acciones emitidas a los diferentes entes públicos y gobiernos de los estados que se auditaron, de las cuales aún están pendientes por aclarar 2 mil 376.
El rezago y la ineficiencia del auditor Arturo González de Aragón, quien es empleado de la Comisión de Vigilancia, se refleja en el hecho que de los 724 pliegos de observaciones, la ASF dio por solventados 488 y sólo fincó responsabilidades resarcitorias en 29 casos, es decir, apenas 4 por ciento.
La falta de decisión que los legisladores reclaman al auditor general para actuar en contra de quienes cometieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el foxismo, se refuerza con las propias cifras de la ASF.
Al 31 de agosto pasado, desde 2001 apenas había presentado 22 denuncias de hechos, de las cuales tres fueron dadas de baja, 17 están “en proceso o con resolución” ante el Ministerio Público Federal, pero sólo dos casos del primer año de gobierno de Fox –no se especifica cuáles– han llegado hasta un juez penal.