La SRE emitirá la resolución definitiva
Procedente, extraditar a EU a Mario Villanueva: jueza
El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, fue notificado la madrugada de ayer de la resolución emitida por la juez federal Silvia Carrasco, quien determinó que procede jurídicamente su extradición a Estados Unidos.
Desde su celda en el Reclusorio Preventivo Norte, el ex funcionario priísta, quien el pasado 21 de junio fue excarcelado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, recibió la noticia de que hay posibilidades de que se le envíe al vecino país del norte.
En las próximas horas la juez Carrasco, titular del juzgado primero de distrito en materia de procesos penales federales, enviará su resolutivo –que no es vinculante para las autoridades federales– a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el propósito de que esta dependencia emita su resolución definitiva.
No obstante, en caso de que la canciller Patricia Espinosa autorice la extradición de Villanueva Madrid a Estados Unidos, éste contará aún con su derecho de recurrir al juicio de amparo, por lo que su estancia en un penal mexicano podría prolongarse al menos un año. Inclusive, el litigio podría ser resuelto en definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En tanto, Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador, indicó en conferencia de prensa que la notificación de la juez sólo es una “opinión jurídica”, por lo que “tenemos que esperar a que Relaciones Exteriores y el Ejecutivo federal tomen la decisión final”.
Se trata, dijo en compañía de su abogado Horacio García Vallejo, de “una opinión que no tiene ninguna validez jurídica por el momento; sólo es una recomendación”.
El ex gobernador quintanarroense compurgó en junio pasado una pena de cinco años de cárcel por haber lavado dinero de origen ilícito, delito que nunca le pudieron comprobar que proviniera del narcotráfico.
Las autoridades estadunidenses requieren a Villanueva por cargos similares por los que ya fue juzgado en nuestro país, aunque en su opinión jurídica la juez consideró que no se aplicó una doble incriminación penal en contra del extraditable, pese a que los abogados del priísta aseguran que sí ocurrió, y que de permitirse su extradición se violarán las garantías constitucionales del ex gobernador.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un comunicado para confirmar el sentido de la opinión jurídica de la juzgadora. La juez Silvia Carrasco, en el expediente número 1/2001-I, emitió opinión jurídica en el sentido de estimar procedente la extradición de Mario Villanueva Madrid a Estados Unidos.
Allá es requerido, continúa el documento, por existir en su contra órdenes de aprehensión libradas por la Corte Federal de Distrito para el Sur de Nueva York, por los cargos de asociación delictuosa para introducir cocaína a Estados Unidos de América; asociación delictuosa para poseer cocaína con la intención de distribuirla; asociación delictuosa para dirigir y tentativa para dirigir transacciones financieras que implican ganancias por narcotráfico y soborno con la intención de promover la realización de esa actividad ilegal.
La petición formal de extradición se ajustó a las condiciones establecidas en el tratado de extradición celebrado entre México y Estados Unidos; además, de resultar infundadas las excepciones hechas valer por la defensa del extraditable, consistentes en la prescripción de los delitos por los cuales se solicitó la extradición, la de haber sido juzgado en territorio nacional por los delitos materia de la extradición, entre otras, son ineficaces “para acreditar el cuerpo de los delitos por los que es requerido”, puntualizó el boletín informativo.
El pasado 21 de junio, en lo que fue su primera entrevista después de haber permanecido seis años recluido en el penal federal del Altiplano, Mario Villanueva Madrid aseguró a La Jornada que está convencido de que es víctima de una “maquinación perversa” del gobierno zedillista, y aseguró que no se opone a ser extraditado a Estados Unidos, siempre y cuando no se le acuse con las mismas pruebas que, según él, le “fabricaron” en 1997 las autoridades mexicanas con el propósito de afectarlo políticamente.
Desde la rejilla de prácticas de un juzgado federal con sede en el Reclusorio Norte, el ex gobernador priísta manifestó a este diario su confianza en el compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa de que será “vigilante de la legalidad”.