Aducen incompetencia e inexistencia de documentos
La mayoría de dependencias evaden entregar datos al IFAI
Mientras un 30 por ciento de los servidores públicos que tienen contacto con la transparencia interpretan de manera restringida las solicitudes para evadir la entrega, 43 por ciento recurre a declarar la “incompetencia” de las entidades y 24 por ciento manifiestan la inexistencia para no dar documentos a la ciudadanía, informó el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero.
Al presentar los resultados de la encuesta La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información, elaborada por el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información, destacó que “existe el riesgo bien señalado (entre los servidores públicos) de que cumplir con la transparencia representa una carga y un mayor control burocráticos”.
Esto, porque 58 por ciento de funcionarios encuestados, de una muestra de mil 221, estimaron que cumplir con la Ley Federal de Transparencia (LFT) genera “trabajo y gastos innecesarios”, lo cual “plantea un enorme reto al IFAI”, debido a que se le ubica como “una carga adicional de control”.
De las estrategias más conocidas entre los servidores públicos para negar la información, destacan: la declaración de “incompetencia” por parte de la dependencia (43 por ciento), señalar que la información no está disponible en medio electrónico (39 por ciento), la entrega de información con “tecnicismos” (32) y la interpretación restringida de las solicitudes (30 por ciento).
Otros mencionaron que se entrega información que deja de estar vigente, se responde que la solicitud no es suficientemente clara o se declara la reserva, según resultados de la encuesta que abarcó a 150 dependencias y entidades públicas de un total de 250 del gobierno federal. Las entrevistas se hicieron entre marzo y mayo pasados cara a cara con los funcionarios, la mayoría vinculados con la transparencia y de dependencias que registran mayor demanda de información, entre ellas: IMSS, Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social.
Dependencias renuentes
La Procuraduría General de la República, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y las secretarías de la Defensa Nacional, Gobernación y Educación Pública negaron el acceso a los encuestadores, a pesar de que el IFAI requirió su colaboración en forma oficial.
En rueda de prensa, en las instalaciones del IFAI, Guerrero comentó que un 83 por ciento de los entrevistados consideran que la LFT ha servido para modernizar y combatir la corrupción en el gobierno federal.
Sin embargo, 62.3 por ciento justifica la no entrega de la información para evitar que ésta “se convierta en un negocio; 58 por ciento”, para impedir ventajas “indebidas” a algún solicitante; 48 por ciento para proteger de “ataques” a su dependencia, y 47 por ciento para liberar de mayores costos a su entidad.
Otro 84 por ciento consideraron que los documentos relacionados con la seguridad pública deben ser clasificados; 48 por ciento, que sus datos personales deben difundirse; 70 por ciento, que se publiciten las mediciones sobre el desempeño de los funcionarios; 28 por ciento declararon tener algún problema con la solicitud debido a que el ciudadano “no sabe cómo está expresada”, y 16 por ciento se quejaron del criterio utilizado por el instituto en sus resoluciones, pues –estimaron– “no son del todo consistentes”.