Entregarán a diputados proyecto de código
Piden sancionar a servidores que incumplan en transparencia
A unos días de que se entregue a la Cámara de Diputados el código de buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información –el cual sugiere reformas para homologar las leyes respectivas para los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno–, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, avaló la imposición de sanciones a quienes incurran en opacidad.
Alanís consideró que los organismos autónomos no deben operar en condiciones de “excepción” –en alusión al propio TEPJF, el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cámaras de Diputados y de Senadores, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros–, ya que esa situación los ubica “por debajo de los estándares internacionales” en transparencia. Por esta razón, sugirió imponer sanciones y que los recursos de revisión dentro de aquéllos se resuelvan con “independencia” y por órganos especializados. Esto significaría que no sean el IFE, la CNDH o cualquiera de los organismos conocidos como “otros sujetos obligados” en la Ley Federal de Transparencia los que decidan qué información entregar o clasificar.
Durante la reunión de trabajo con los magistrados, encabezada por Alanís y Alonso Lujambio, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, la magistrada consideró indispensable dejar “en el pasado las exigencias gravosas a los peticionarios”, así como “cualquier vestigio de falta de claridad respecto de los criterios utilizados por los órganos que clasifican y protegen la información”.
Para poner fin a la opacidad, y “sin merma alguna de la autonomía –dijo–, el legislador puede incorporar ejes mínimos para la información que deben proporcionar estos organismos sui generis”. Se refirió a mecanismos y procedimientos para imponer sanciones; al diseño de un catálogo de obligaciones de transparencia; de condiciones obligatorias para que los órganos que resuelvan los recursos de revisión dentro de los otros sujetos obligados adquieran independencia y especialización, y a la exigencia de usar sistemas electrónicos para recibir solicitudes, interponer controversias e informar públicamente el grado de avance de ambos procesos.
El tema de las sanciones, que se debatió ayer en la penúltima reunión de trabajo para concluir dicho código, está incluido en el documento que se entregará a la Cámara de Diputados. Se proponen sanciones para los servidores públicos que van del apercibimiento a la destitución, y multas de 10 a 150 días de salario mínimo vigente.