Según diputado priísta, se ahorraría al erario el equivalente a 1 por ciento del PIB
Lanzan iniciativa para “modernizar” las adquisiciones en el sector público
La Cofeco considera que el proyecto sería “una aportación relevante al marco jurídico”
La presidencia de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la cual se pretende ahorrar al erario el equivalente a uno por ciento del producto interno bruto (PIB) anual, pues desactivaría las redes de corrupción que se han tejido alrededor de la entrega de contratos de obra y servicios por parte de funcionarios de las dependencias de la administración federal.
El texto refiere que, de aprobarse próximamente dicha ley, se abatiría la corrupción, fomentando la competencia entre proveedores, se daría transparencia a los procesos de adquisiciones y se modernizaría la gestión pública.
En México, refiere la iniciativa elaborada por el diputado Eduardo Sánchez, del PRI, sólo se han presentado avances normativos en el terreno citado en Baja California, Nuevo León, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin menoscabo de esos cuatro casos, el régimen federal en materia de adquisiciones no da cabida a las subastas electrónicas ni a la colaboración de los particulares en los procesos de adquisición del sector público, lo cual, a decir de la experiencia internacional, constituye un obstáculo para la competencia y la transparencia.
La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en oficio fechado el 24 de septiembre pasado, manifestó que la iniciativa tendría, en materia de competencia y libre concurrencia, una aportación relevante al marco jurídico que rige los procesos de adquisición y licitación.
“Incluye la posibilidad de concretar los procesos de licitación de manera integral por conducto de medios electrónicos. Introduce el mecanismo de subasta electrónica, que consiste en una venta utilizando herramientas electrónicas, en la cual los licitantes pueden presentar de manera sucesiva ofertas de precios inferiores a las presentadas en sobre cerrado en la primera etapa de licitación.” De acuerdo con la iniciativa, prosigue la Cofeco, “la subasta electrónica se desarrollaría sin presencia física de los licitantes, quienes podrían optar por el anonimato. Y establece los requisitos para que un particular funja como subastador, quien sería el agente autorizado para organizar y administrar las subastas electrónicas en nombre de las dependencias o entidades convocantes”.
La iniciativa, que se encuentra en etapa de dictaminación, manifiesta que las subastas electrónicas constituyen un método no presencial por el que los solicitantes podrán presentar, vía los medios de comunicación electrónica que defina el subastador, y con posteridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, una o más ofertas que mejoren el precio de su proposición inicial, según el mecanismo que determine el subastador, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica.
Se propone de tal manera que el mecanismo de subasta sea llevado a cabo vía electrónica, “precisamente porque lo ha demostrado la experiencia internacional; ello permite que los procedimientos de contratación sean más rápidos y eficientes, y con ello se disminuyan los costos de transacción y de contratación, garantizando igual acceso de los participantes de la información y promoviendo la transparencia en los procesos de adjudicación”.
En un cálculo inicial, el diputado Eduardo Sánchez refiere que si sólo se subastara el gasto equivalente a 6 por ciento del PIB, y se lograra un ahorro promedio de 16 por ciento, el beneficio en el primer año podría acercarse a uno por ciento del PIB.