Congreso improductivo
Nunca estará de más poner sobre la mesa el productivo referente de la transición española, frente a nuestras parálisis e interminables problemas de gobernabilidad.
De los Pactos de la Moncloa, sin duda el de mayor relevancia fue el de contenido económico. En 1977 la situación económica española era de gravedad extrema: 66 por ciento de la energía era importada y el gobierno de Franco no había hecho nada frente al hecho de que el barril de petróleo había pasado en un año de 1.63 a 14 dólares; las exportaciones cubrían apenas 45 por ciento de las importaciones, por lo que las reservas internacionales disminuían a razón de 100 millones de dólares por día; entre 1973 y 1977 España había acumulado una deuda exterior adicional de 14 mil millones de dólares (equivalentes al triple de las reservas del Banco de España); a la latinoamericana, la inflación pasó de 20 por ciento anual en 1976 a 44 por ciento en 1977 (en ese año el promedio de la OCDE fue de 10 por ciento); las empresas habían acumulado centenares de miles de millones de pesetas en deudas, razón por la cual el desempleo inició un largo crecimiento, empezando con 900 mil personas en 1977 (en 1998 llegó a 2 millones).
La Unión de Centro Democrático, de Adolfo Suárez (UCD); el PSOE, el Partido Comunista (PCE), la derechista Alianza Popular (AP), los nacionalistas catalanes (PDC), los nacionalistas vascos (PNV) y otros cinco partidos miniatura, es decir, todas las fracciones parlamentarias, firmaron un acuerdo sobre el diagnóstico económico del momento que vivía España, cuyos datos más relevantes son los referidos.
Esta sorprendente unanimidad permitió al profesor Enrique Fuentes Quintana, apoyado por un pequeño número de asesores, redactar el documento base que contenía los “paquetes de medidas económicas” frente a la crítica coyuntura, así como las medidas de carácter estructural indispensables para el largo plazo. Un criterio central: el costo de la crisis y de la recuperación debía ser distribuido equitativamente. Al ser presentado el documento a las fracciones parlamentarias, el profesor Fuentes recordó una declaración de un político republicano de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia”.
Durante agosto (1977) Fuentes se reunió con los sindicatos para persuadirlos de la propuesta. En octubre el profesor redacta el texto final y lo presenta a las fracciones parlamentarias que lo examinan divididos en comisiones ad hoc, que desarrollan diversos temas de la propuesta. El 25 de ese mes firman los Pactos de la Moncloa Enrique Tierno Galván (del Partido Socialista Popular, que posteriormente se reintegraría al PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Josep María Triginer y Joan Raventós (Partido Socialista de Cataluña), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV), Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo (UCD), Manuel Fraga (de la franquista AP), y Miquel Roca (CiU, Convergència i Unió).
Este amplísimo abanico ideológico llegó a un acuerdo unánime plasmado en el capítulo económico de los Pactos de la Moncloa. ¿Puede usted imaginar a Santiago Carrillo y a Manuel Fraga sentados en la misma mesa y firmando el mismo pacto para la reforma y saneamiento de la economía española?
Fraga, desde luego, no firmó el pacto sobre cuestiones jurídicas y políticas: derecho de reunión y asociación, reforma del Código Penal, reorganización de las fuerzas del orden público. Los Pactos fueron aprobados por el Parlamento el día 27.
El 25 de octubre de 2007, Manuel Lagares, que en 1977 era subsecretario de Economía en el Ministerio de Enrique Fuentes Quintana y que coordinaba el grupo de trabajo que redactó la ponencia en la que se basaron los Pactos de La Moncloa, recordaba, a propósito de la conmemoración por los 30 años de esos Pactos: “esos acuerdos, que se alcanzaron gracias a sus duros planteamientos ante el gobierno de Adolfo Suárez y al apoyo decidido de éste, llevaron al consenso constitucional de 1978…; el programa que se pactó en La Moncloa preparó los instrumentos y marcó los rumbos que desde entonces ha venido siguiendo nuestra política económica”.
No hace mucho, Antonia Martínez, de la Fundación Ortega y Gasset, recordaba que los acuerdos acerca de las reglas electorales de los Pactos de la Moncloa no han sufrido prácticamente ningún cambio, desde hace treinta años.
Es claro que la confianza democrática entre los adversarios políticos españoles estuvo detrás de los Pactos de la Moncloa, y continúa presente en medio de su agitada vida política. Durísimo contraste con lo que ocurre con los partidos políticos mexicanos. Una desconfianza trágica tercermundista los gobierna y los hace actuar no para alcanzar acuerdos para la nación, sino para estorbar al máximo al que gobierne, por la creencia que así se harán del poder que, en todo caso, para nada les servirá, siendo estorbado y paralizado por los demás.
Gustavo Gordillo tiene razón: “La indisposición al acuerdo explícito, al compromiso abierto y público entre fuerzas políticas diferentes, e incluso antagónicas, ha sido el rasgo distintivo de la larga transición democrática. Desde el primer gobierno de la alternancia se ha agudizado esta incapacidad. La desconfianza campea por todas partes entre las elites políticas y cualquier acto de reciprocidad –indispensable para generar cooperación política– es visto con sospecha o catalogado como ingenuidad”.
¿Serán capaces los políticos mexicanos de firmar un acuerdo para construir la confianza sin la cual continuarán en la molicie irresponsable?