Inaplazable, desmilitarizar Chiapas: ONG
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) señaló que a más de diez años de la masacre de Acteal, Chiapas, la situación social “sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión” que afectan a la mayor parte de la población en ese estado.
Agregó que la construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas “es, sin duda, el ejemplo más avanzado” de esta forma de organización, “pues genera espacios propios de participación social, económica y política, cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes”.
El organismo manifestó, sin embargo, que la implementación de las autonomías crea “división y conflictos en muchas comunidades”, debido a que “los poderes públicos” han respondido “con políticas de desarrollo social que no respetan” estas formas de organización “ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño” de aquellas.
Al cierre de una gira de trabajo por Chiapas, dentro del marco de su sexta visita a México (la primera fue en 1998, tras la masacre de 45 indígenas en Acteal), la ONG realizó un balance provisional del cumplimiento de sus recomendaciones sobre la matanza.
Señaló que a diez años de aquellos hechos “existe una necesidad inaplazable de emprender la desmilitarización de la zona” y de disolver todos los grupos paramilitares en la entidad, pero, agrega, “lamentablemente seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de seguridad pública. En algunas áreas geográficas, su actividad incluso ha aumentado”; además de que, agregó, persisten “numerosas irregularidades” en el funcionamiento de la justicia.
Asimismo, la comisión internacional sostuvo que los poderes públicos “deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas”, por lo que, afirmó, cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social debe ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos.
En torno al tema Acteal, el organismo agregó que aunque el gobierno de Juan Sabines creó la fiscalía especializada, ésta “no ha logrado ningún avance significativo”, pues “la detención de sujetos condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos, son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia”.
En el balance presentado ayer, la ONG destacó que las autoridades no deben criminalizar o reprimir movimientos ni organizaciones sociales mediante un sistema punitivo, por lo que exigió que se realicen las reformas necesarias para eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.