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Balas impunes silencian la voz triqui

Tensión tras el asesinato de dos comunicadoras de San Juan Nopala; amenazas oficiales

Blanche Petrich/ I (Enviada)

Ampliar la imagen Una locutora de Radio Copala en la emisora comunitaria Una locutora de Radio Copala en la emisora comunitaria Foto: Marco Peláez

San Juan Copala, Oaxaca. La radio comunitaria La voz que rompe el silencio, la cual transmitía su señal en idioma triqui desde el municipio autónomo de San Juan Copala hacia una docena de pueblos enclavados entre los cerros colindantes, salió del aire el 7 de abril, poco después de las cinco de la tarde. Adolfo y Bernabé, los dos locutores que estaban a cargo de la austera cabina, al conocer la noticia de que sus compañeras Teresa Bautista y Felícitas Martínez habían sido asesinadas en una emboscada, apagaron los micrófonos y el transmisor. Enmudecieron.

Desde entonces ni ellos ni su radio –un proyecto de comunicación que apenas tenía tres meses de vida y al que definen como “un ala de nuestra experiencia autonómica”– no han recuperado el habla. El jueves pasado, frente a una docena de periodistas y dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atravesaron el nudo montañoso de la sierra mixteca para bajar a la hondonada de Copala, Adolfo trata de decir algo. Pese a sus esfuerzos la voz se le atora en la garganta. Debe-rían haber estado a su lado, para hablar con la prensa, los padres de Tere y Feli, pero no acudieron. “Gente del gobierno de Ulises Ruiz los contactó para amenazarlos. Les dijeron que si hablaban corrían peligro; si callaban, recibirían recursos”, denuncia Jorge Albino, de la comisión de comunicación del municipio autónomo. Era el miedo que rompe la voz.

Hasta que aparece, inesperada, la pequeña figura de Gregoria Agustina, con las trenzas blancas deshechas. Pasa al frente del palacio municipal, rodeada de decenas de mujeres como ella, silenciosas. Amorosamente desdobla y extiende un vestido rojo, el típico traje triqui, bordado en telar. Cinco rasgaduras en la parte media trasera del tejido –los cinco orificios de las balas que mataron a su nieta Felícitas– dicen más que las palabras. Ni siquiera hay rastros de sangre. La abuelita, que se hizo cargo de Feli y su hermana Laura a la muerte de su madre, hace tres años, lo lavó hasta borrar la última mancha. ¿Cómo iba a dejar que el vestido que llevaba Feli el día de su muerte quedara sucio? Fue el silencio de Gregoria el que rompió el miedo.

Los visitadores de la CNDH tuvieron que tomar nota del reclamo de Jorge Albino, coordinador de la radio comunitaria del municipio autónomo: “No queremos que aquí le echen tierra a la muerte de nuestras compañeras como le hicieron en la Zongolica”, la sierra nahua de Veracruz, donde la versión del gobierno federal y del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de la “muerte por gastritis” de la anciana Ernestina Ascensión se impuso mediante esa pinza de amenazas y ayudas económicas que terminó por silenciar la denuncia de su familia, en el pueblo de Soledad Atzompa.

El gobierno autónomo solicita que la Procuraduría General de la República, a través de la fiscalía para delitos contra periodistas, atraiga el caso, porque no confían en la justicia estatal.

En Oaxaca, el procurador general de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Rodríguez, dio la clave de hacia dónde se dirige la averiguación al declarar que el atentado “no era contra las locutoras, sino contra Francisco Vázquez”, empleado del Registro Civil que conducía el vehículo en el que viajaban. Él, su esposa Cristina y Jaciel, uno de sus pequeños hijos, siguen internados en un hospital de Oaxaca, pero hasta ahora no han sido interrogados.

Acusaciones y venganzas sin fin

Desde finales de los años 90 el movimiento social de los triquis vive enfrentado y atrapado en una cadena incesante de hechos violentos, acusaciones mutuas, venganzas sin fin. La temprana muerte de Felícitas y Teresa, activas en el proceso autonómico, tiene su contraparte de dolor.

El 5 de julio del año pasado dos jóvenes, Virginia y Daniela Ortiz, hermanas de 20 y 14 años, originarias del pueblo El Rastrojo, fueron secuestradas. Son hijas de un dirigente del MULT. Desde entonces están desaparecidas. En este caso también es muy poco lo que la procuraduría estatal ha hecho para ubicarlas, pese al peregrinar de su madre y sus primas, que no han dejado de tocar puertas reclamando la aparición de las muchachas.

La familia de las dos hermanas acusa al MULT-I de la desaparición. Cada organización carga, así, con sus agravios. Cada una acusa a la contraria de ser “priísta y paramilitar”. Las dos fuerzas se dicen de izquierda. Las dos participan en la otra campaña del zapatismo, que en su último encuentro de pueblos indios en Vícam, Sonora, intentó sin lograrlo reconciliar a los hermanos enemistados.

En esta ocasión, el MULT protestó por la atención que la prensa y los organismos de derechos humanos han prestado al asesinato de las locutoras. Se trata, dijo en un comunicado, de “una campaña de desprestigio y linchamiento político contra el MULT-UP, con el fin de preparar las condiciones de represión policiaca militar en la región”, orquestada “desde el poder y ejecutada por las balas asesinas de un grupo de priístas denominado UBISORT-MULTI”.

Son 500 kilómetros cuadrados de territorio triqui que suben y bajan de los cerros áridos y espinudos, una isla cultural en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Son 36 barrios, nueve agencias municipales y una sola presidencia municipal en Copala, en la Trique Baja, más fértil, con las mejores tierras y, por tanto, con mayores conflictos. Pero Copala, por su autonomía, no recibe ningún recurso del estado, sobre todo porque el MULT, su archienemigo, participa en el cabildo de Juxtlahuaca, donde se deciden las partidas presupuestarias.

Catorce comunidades se alinean con el MULT-UP y 18 con los autónomos. Los cementerios de cada pueblo reciben, de tanto en tanto, los cuerpos de nuevas víctimas, de uno y otro bando, caídas en las temibles emboscadas que perpetran pistoleros a sueldo, con cuernos de chivo. El MULT original, que nació en 1981 después de un largo proceso de resistencia y organización contra los caciques, pagó, en su momento, una muy alta cuota de sangre.

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y autor de numerosas investigaciones sobre el proceso de resistencia de esa región, recuerda que la última gran marcha del movimiento triqui, antes de la ruptura, fue en 1987. Al año siguiente, con el gobierno estatal de Heladio Ramírez, llegaron grandes sumas de dinero a despertar el apetito de sus dirigentes. A finales de la década se registra una violencia inédita en los pueblos y sus veredas, sobre todo violaciones tumultuarias contra mujeres.

El ala oficialista decide, en 2000, formar un partido político, Partido de Unidad Popular (PUP). Los enconos empiezan a provocar choques violentos. En 2005 son asesinados dos muchachos que trabajaban –como miles de jóvenes triquis y mixtecos– en Estados Unidos y que habían llegado a celebrar las fiestas patronales. Eran los hijos de los dirigentes Timoteo Alejandro Ramírez y de José Albino, que acusaron a la corriente del PUP de encubrir a los pistoleros. En marzo de 2006 se hace pública la ruptura.

El camposanto de San Juan queda en la ladera de un cerro con pinos, pasando el río. Las tumbas de las señoritas Teresa y Felícitas aún tienen frescas las flores. En una hay, todavía, plumas y rastros de sangre de una gallina sacrificada. Unos dicen que es una costumbre local, para que el mal no se lleve el alma de la difunta. Otros murmuran, por lo bajo, que los restos del sacrificio denotan la promesa de una venganza.

 
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