■ La canciller Patricia Espinosa demanda cooperación bilateral “en pie de igualdad”

García Luna llama a blindar los planes de seguridad ante condicionamientos de EU

■ Asegura el titular de la SSP que el combate anticrimen no depende de la Iniciativa Mérida

Gustavo Castillo García (Enviado)

San Luis Potosí, SLP, 3 de junio. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, aseguró que ningún programa federal de combate al crimen organizado depende de los recursos que pudieran obtenerse por medio de la Iniciativa Mérida.

Durante la sexta Reunión Nacional de Secretarios de Seguridad Pública llamó a sus homólogos a “blindarnos como Estado y potenciar el ataque sistemático de los tres órdenes de gobierno contra la delincuencia”.

Lo anterior, toda vez que –advirtió– “los grupos criminales han implementado tácticas de propaganda que buscan generar la percepción pública de una escalada de violencia generalizada, como respuesta a la ofensiva del gobierno federal”.

Confirmó que los cárteles de la droga están viviendo un proceso de descomposición y que la dependencia a su cargo investiga la presunta alianza del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas y la organización de Vicente Carrillo Fuentes contra Joaquín El Chapo Guzmán.

Rechazo a condicionantes

Tras anunciarse que durante este encuentro los encargados de seguridad pública acordaron incrementar “de manera conjunta las capacidades de despliegue territorial y reacción”, el funcionario federal declaró respecto de la Iniciativa Mérida:

“En principio, como ya se señaló, México no puede permitir ninguna condicionante y, por supuesto, el alcance del gobierno federal es total. Vamos a mantener la operación, seguiremos sumando capacidades que tenemos como Estado contra el crimen.

“La Iniciativa Mérida es un esquema de corresponsabilidad en el cual la parte sustantiva es justo la referencia de cómo ambos gobiernos deben tener un enfoque integral en el combate al crimen.

“Lo que plantea la Iniciativa Mérida es un esquema de corresponsabilidad en el combate al crimen, y si estos fondos se ocuparan para garantizar el control del flujo de armas de Estados Unidos a México, no requeríamos ningún recurso en la frontera para detección temprana de ese problema”, dijo García Luna.

Sin embargo, a la hora de preguntarle qué acciones se detendrían si no llegan los recursos de la Iniciativa Mérida, sostuvo que “todos los programas que tiene el gobierno federal están soportados con recursos que el Congreso autorizó para este año fiscal. Ninguna operación, ningún esfuerzo que se está haciendo depende de la Iniciativa Mérida.

“En la escala de la corresponsabilidad lo que estamos pretendiendo es que existan recursos para fortalecer el control de las fronteras, donde no me importaría si el camión de rayos gamma en lugar de estar en Sonora estuviera en Arizona, si hubiera la garantía de que no hubiera flujo de armas hacia México.“

Durante la sexta Reunión Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, García Luna aseguró que “en estos momentos el Estado se encuentra inmerso en el mayor combate que se haya dado en contra del crimen organizado en nuestro país”.

Y señaló: “Juntos estamos alineando las capacidades del Estado mexicano en contra del crimen organizado”, y para ello, puntualizó, se está “transformando el modelo de las instituciones de seguridad pública”.

García Luna refirió que “ahora, más que nunca, es importante el esfuerzo conjunto”, porque “es evidente la reacción de la delincuencia al ver afectados sus intereses” y en ese contexto se han dado “los cobardes ataques contra miembros de las fuerzas armadas y de las policías”.

Y agregó: “En la actualidad, los grupos criminales han implementado tácticas de propaganda, que buscan generar la percepción pública de una escalada de violencia generalizada como respuesta a la ofensiva del gobierno federal. Debo precisar que la violencia generada por los criminales ha sido un mecanismo de control interno para mantener su operación delictiva bajo esquemas de intimidación, y ahora intenta obligar a la autoridad a un repliegue para ganar espacios de impunidad, magnificar su capacidad de fuego y operación”.

Pero “esto no va a ser así; en la lucha contra el crimen no daremos ni un paso atrás”, concluyó el funcionario.

■ Mouriño exige respeto a soberanía nacional

Fabiola Martínez y Afp

El gobierno mexicano ratificó, por segundo día consecutivo, su determinación de rechazar las condiciones que el Congreso de Estados Unidos puso a la Iniciativa Mérida, de apoyo al combate contra el narcotráfico.

En México, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, dijo que el gobierno de Felipe Calderón respeta el proceso legislativo estadunidense para la definición de la transferencia de equipos y apoyo logístico incluidos en el plan Mérida, pero reiteró que las condiciones que pretenden imponer los representantes son inaceptables “y contrarias al propio espíritu de la iniciativa, porque más allá de resolver de forma conjunta el problema del narcotráfico, ponen condicionantes que no van enfocadas a ello”.

Mientras tanto, durante un encuentro con periodistas al margen de la 38 asamblea general de la Organización de Estados A-mericanos (OEA), efectuada en Medellín, Colombia, la canciller Patricia Espinosa informó que ya comunicó al Departamento de Estado de Estados Unidos que la Iniciativa Mérida sería inaceptable si no contiene mecanismos de cooperación con Estados Unidos “en pie de igualdad”.

La funcionaria indicó que “hay todo un contexto de unilateralidad en una serie de mecanismos de seguimiento que el gobierno de Estados Unidos ha planteado y que lo hacen (para México) verdaderamente difícil de aceptar”.

El Senado estadunidense ha incluido elementos que es difícil, si fuera aprobado de esa manera, que pudiera ser aceptable para México, insistió la secretaria de Relaciones Exteriores.

Precisó que la postura del gobierno mexicano le fue expresada al subsecretario de Estado, John Negroponte, el lunes por la noche en Medellín, donde ambos coincidieron en la asamblea de la OEA.

La llamada Iniciativa Mérida fue planteada ocho meses atrás por los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Felipe Calderón.

Sin embargo, las dos cámaras estadunidenses difieren sobre el monto de la ayuda a México y América Central, cuya propuesta original fue de mil 1150 millones de dólares en tres años.

Los dos órganos legislativos condicionaron el apoyo a un “seguimiento sobre los esfuerzos de México” para evitar violaciones a los derechos humanos, lo cual implicaría una certificación de las actividades de las corporaciones policiacas y militares mexicanas. Aún falta conciliar ambas iniciativas de los cuerpos legislativos estadunidenses y votar una.

En tanto, el secretario Mouriño –quien el lunes pasado dijo categórico que son inaceptables las condiciones de Estados Unidos– puntualizó ayer que “más allá de resolver o atender de forma conjunta el problema de la inseguridad y del narcotráfico, pues simplemente ponen condicionantes (los legisladores estadunidenses) que no van enfocadas a ello”.

En entrevista antes de una comida privada con los diputados federales César Duarte y Héctor Padilla, el funcionario evitó precisar si el gobierno de Calderón buscará un diálogo directo con los congresistas del vecino país.

Sin embargo, fue enfático en exigir respeto a la soberanía nacional, luego que los integrantes del Congreso de Estados Unidos aprobaron enviar a México una partida inicial de 350 millones de dólares con la condición de vigilar a las fuerzas armadas y policiales para que no violen los derechos humanos y, además, fiscalizar el destino de los recursos.

Mouriño declaró al respecto: “Así como exigimos respeto a la soberanía de México, (el de Estados Unidos) es también un proceso soberano”.

El funcionario reiteró que el gobierno de México revisará el documento final de la Iniciativa Mérida que aprueben los legisladores estadunidenses y, a partir de ello, tomará una postura final.