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■ El edil Díaz Ochoa presume de contar con respaldo federal

Preparan desalojo de zapatistas en reserva ecológica de Huitepec

■ El gobierno estatal intenta deslindarse de los planes para el operativo

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Zapatistas en el caracol de Morelia. Imagen de archivo Zapatistas en el caracol de Morelia. Imagen de archivo Foto: María Meléndrez Parada

San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de julio. Según una fuente del gobierno estatal enteramente confiable, pero que solicitó el anonimato, el presidente municipal de esta ciudad, ingeniero Mariano Alberto Díaz Ochoa, estaría preparando, con respaldo federal, el “desalojo” de la reserva ecológica zapatista en las alturas del cerro Huitepec. En el eventual operativo podrían participar el Ejército, las procuradurías federales, además de la policía municipal, añade la fuente.

No es sólo un rumor. El propio edil anunció el desalojo en la sesión de cabildo el pasado lunes 23 de junio, en presencia de algunos pobladores de la comunidad Alcanfores (quienes han servido como punta de lanza para la campaña de contrainsurgencia en el área, mediante reclamos infundados sobre las tierras reservadas y custodiadas desde 2007 por bases de apoyo zapatistas de la región tzotzil, en respaldo a la comunidad Huitepec Ocotal (Segunda Sección).

Argumentando “órdenes” del gobierno federal, Díaz Ochoa aseveró que desalojará “el campamento (zapatista) hasta dejarlo limpio”, y refrendó su “compromiso” (que data de su campaña para relegirse alcalde el año pasado) de echar a los zapatistas. Todas las personas presentes en el acto aplaudieron el anuncio.

Según las versiones recabadas, Díaz Ochoa habría acudido a la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, para concretar el operativo. Ya con presunta luz verde, regresó a su ayuntamiento vuelto un dechado de albricias.

Si bien el gobierno estatal sostiene el compromiso público de no desalojar la reserva zapatista del Huitepec, y desautorizó anteriormente los planes de Díaz Ochoa, en esta ocasión no ha intervenido.

El 12 de marzo pasado, el gobernador Juan Sabines Guerrero publicó en este diario una carta abierta “a las Juntas de Buen Gobierno del EZLN”, a las cuales se dirigía “respetuosamente”. Recapitulaba una decena de acciones y compromisos emprendidos por su administración, y la número uno decía: “Hemos manifestado públicamente, y así será, que no permitiremos ningún desalojo en predios ocupados por zapatistas antes de 2007, y en particular la reserva ecológica El Huitepec”. En diversas oportunidades, Sabines ha reiterado esta posición.

Según lo anunció desde un año antes, el 13 de marzo de 2007, el EZLN estableció la nueva reserva, a la cual saldría al paso un decreto del gobierno chiapaneco, creando a su vez un área protegida en el mismo espacio de 102 hectáreas que las bases autónomas resguardan como proyecto colectivo y regional, con el respaldo de la otra campaña de la región y nacional. Con base en su compromiso político, el gobierno de Sabines no ha emprendido acciones. Cabe recordar que el decreto de marzo de 2007 delega el área reservada al gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas.

Otras fuentes consultadas confirman que, ante las intenciones explicitadas por el alcalde coleto, dentro del gobierno estatal existiría interés en deslindarse de dichos planes de desalojo. Hasta cierto límite, pues si hubieran órdenes federales, el gobierno chiapaneco deberá participar en las acciones de fuerza que se realicen.

La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic, que tiene bajo su jurisdicción la reserva del Huitepec y la ha respaldado desde que la creó hace más de un año, no se ha manifestado en la actual coyuntura. Se pudo confirmar, sin embargo, que en días recientes las guardias de bases de apoyo del EZLN en el Huitepec han sido reforzadas con indígenas de todos los municipios autónomos de los Altos.

Según la citada fuente gubernamental, durante la semana que concluye el presidente municipal de San Cristóbal tenía programada una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner, el licenciado Jaime Ramírez Maza y un representante del gobernador Sabines para tratar el asunto y solicitar su “apoyo” en la operación. No se pudo confirmar que dicha reunión se haya efectuado.

El alcalde Díaz Ochoa, de extracción priísta, alardeaba la semana pasada que el desalojo podría ser en los primeros días de julio. Con algo similar amenazó en enero de este año, al asumir la alcaldía por segunda vez en este municipio que con frecuencia llega a parecer propiedad suya y de sus familiares.

Además, según la misma fuente, dentro del gobierno del estado se habrían considerado “provocaciones” las recientes incursiones militares en La Garrucha y San Jerónimo Tulijá, de las que intentó deslindarse a pesar de haber participado. Y en relación al caracol de Morelia, agredido en mayo, el presidente municipal de Altamirano habría dicho “tener” su respectiva “orden del gobierno federal” para desalojar el caracol con la participación de “aviones y helicópteros”. Esto, a pesar de que el gobierno chiapaneco indemnizó a los priístas del ejido Morelia que amagaban con destruir el caracol hace cinco semanas.

 
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