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■ Considera a la lengua de señas una herramienta compensatoria

El sistema de educación inclusiva margina a sordos, dice comunidad

Ciro Pérez Silva

Si un “sistema de educación inclusiva”, como el que se propone en el Congreso, proscribe las escuelas en Lengua de Señas Mexicana, se sentaría un precedente para la exclusión de escuelas similares para cualquier otra lengua nacional, contraviniendo el precepto constitucional según el cual el Estado debe favorecer la educación bilingüe de los pueblos indígenas y de otras comunidades que por ley se les equiparen, advirtió la comunidad de sordos en una carta dirigida al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, y al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo.

Consideran que las propuestas de reforma contenidas en los textos presentados por la diputada panista Silvia Emilia Degante Romero, tanto en el Senado de la República como en el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, se caracterizan por introducir un “sistema de educación inclusiva”, así como por suplir el texto que ordena “el acceso de la población sorda a la educación pública obligatoria y bilingüe, que incluya la enseñanza del idioma español y la Lengua de Señas Mexicana.”

De acuerdo con esta parte de la comunidad de sordos mexicana, cihas propuestas no definen a cabalidad la naturaleza del “sistema de educación inclusiva” o de “plena integración al sistema educativo nacional”, y es de asumirse, añaden, que su introducción se deriva de la colaboración de los proponentes con las autoridades del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial e Integración Educativa (PNFEEIE).

Representante de la Comunidad de Sordos Mexicana, Boris Fridman Mintz sostiene que “oficiosa y oficialmente” las autoridades del PNFEEIE han comunicado que su concepción de un “sistema de educación inclusiva” margina a toda escuela regular de educación bilingüe para sordos, pues consideran llanamente que cualquier escuela para sordos sería discriminatoria y no inclusiva per se.

En otras palabras, la política del PNFEEIE obliga a que el sordo señante se “integre” o se “incluya” en escuelas regulares monolingües, mayoritariamente de hispanohablantes o a que, de lo contrario, quede fuera de la educación regular.

Destaca que, precisamente para corregir esta exclusión educativa, la ley vigente decretó la creación de la educación pública, obligatoria y bilingüe para el sordo. Las reformas en cuestión se esfuerzan por reducir la presencia de la lengua de señas en la educación del sordo a mera herramienta compensatoria de la discapacidad auditiva.

“El resultado es terrible para la Comunidad de Sordos Mexicana, pues se elimina toda referencia a la educación bilingüe, de hecho se le deroga, se elimina toda equiparación jurídica de la educación del sordo señante con las enseñanza bilingüe del resto de las lenguas nacionales, lo que en la materia convierte a la Lengua de Señas Mexicana en una lengua nacional de segunda y se equipara un sistema de escritura, el sistema Braille, que puede corresponder a muchas lenguas con una identidad lingüística que no es un sistema de escritura”, asevera Fridman Mintz.

El investigador señala que es indispensable recordar que las lenguas nacionales forman parte de la identidad lingüística y cultural de la gente, independientemente de que sean personas con o sin discapacidad, o de que escriban su lengua con uno u otro sistema de escritura. La lengua es producto de una capacidad de comunión sociocultural. Y es esta misma clase de identidad colectiva la que sustenta la Lengua de Señas Mexicana, en particular, y el carácter pluricultural de la nación, en general.

“¿Qué clase de políticas educativas pueden construirse con base en una concepción tan confusa e intrínsecamente discriminatoria del papel de la Lengua de Señas Mexicana en la educación del sordo y el sordociego? Sorpresa, las que viene ejecutando la SEP desde tiempo atrás”, insiste el investigador.

Con estas políticas, agrega, la SEP “viola la Ley General de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con prácticas de educación que se dicen de inclusión, pero que impiden a los sordos señantes y a los sordociegos ejercer su derecho a la enseñanza en un contexto de verdadero respeto a su identidad lingüística y cultural y, para colmo, con discursos políticos que invitan a los ciegos a confrontar a los sordos y sordociegos señantes, como si éstos últimos fueran los responsables de que el Estado no dé a los primeros las escuelas que requieren”.

Por último, las propuestas en cuestión, y otras tantas, plantean darle más garra a la ley reformada, para que, en términos generales, se pueda castigar a quienes se nieguen a integrar o incluir a las personas con discapacidad, “pero, ¿qué pasará si la ley se reforma y la SEP decide sancionar a las escuelas bilingües de sordos ya existentes?, ¿crearemos una legislación que reconozca la Lengua de Señas Mexicana pero que castigue a las escuelas bilingües que la asuman como propia? Estas reformas, de ser aprobadas: contravendrían los derechos lingüísticos y educativos ya otorgados a los sordos en la ley y en la convención”, advirtió.

 
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