■ El documento exonera al ex secretario Alberto González; “no sabía lo que ocurría”, afirma
Informe revela que dos funcionarios violaron la ley en el Departamento de Justicia de EU
■ Contrataban sólo a republicanos o conservadores en detrimento de la capacidad; vetaban a liberales
Washington, 29 de julio. Un informe interno elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que dos asistentes de alto rango del anterior secretario de Justicia, Alberto González, violaron la ley al permitir que la política influenciara decisiones de contratación de nuevos funcionarios.
El informe, que siguió a una auditoría, reveló que eran discriminados en esa secretaría de Estado aspirantes que no se identificaban como simpatizantes del Partido Republicano o conservadores.
El informe revela que Monica Goodling, de la oficina de enlace de la Casa Blanca, y el jefe de personal del ex secretario González, Kyle Sampson, cometieron actos de conducta inapropiada
El informe dice que, en general, el secretario González desconocía lo que hacían sus asistentes.
La investigación concluyó que Goodling violó la ley federal y la política de la dependencia al considerar en forma inapropiada la afiliación política e ideológica de quienes se postulaban para trabajar en el Departamento de Justicia.
Los investigadores descubrieron que en una oportunidad Goodling se opuso a la contratación de un postulante porque parecía ser liberal demócrata. En otra oportunidad rechazó a un experimentado fiscal debido a que su esposa era activista del Partido Demócrata local. Goodling ya no trabaja en el Departamento de Justicia.
El actual secretario de Justicia, Michael Mukasey, dijo que está consternado por el contenido del informe, pues éste demuestra que personas menos calificadas fueron contratadas mientras las más calificadas eran pasadas por alto.
Mukasey señaló que no es aceptable considerar la afiliación política en la contratación de funcionarios de carrera.
El documento indica igualmente que Goodling y Sampson, también asistente de González, aplicaban una suerte de examen para detectar las inclinaciones políticas e ideológicas de quienes aspiraban a posiciones dentro del Departamento de Justicia.
Estas discriminaciones ocurrieron en 2006, año en que los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso por una mínima mayoría.
Según la auditoría, González “no sabía lo que ocurría”, y puso fin a la práctica discriminatoria de contratación en cuanto se dio cuenta que ésta existía, por lo que el ex procurador no tiene responsabilidad en el asunto.
Se ignora si alguien va a sufrir sanciones por la práctica, pues si bien se sabe que Goodling fue la principal acusada, se le concedió inmunidad a cambio de confesar ante el Congreso.