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■ Exigen cooperativistas de Veta de Plata la extradición del líder minero

La orden de aprehensión contra Gómez Urrutia fue girada “bajo presión”: sindicato

Carolina Gómez Mena

Luego que ayer se informase que la juez primero de distrito en procesos penales federales, Silvia Carrasco Corona, giró una nueva orden de aprehensión en contra del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), integrantes de la cooperativa Veta de Plata, reclamantes de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar el proceso de extradición de dicho dirigente.

Al respecto, Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del gremio, dijo que las exigencias que haga este grupo “creado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y por gente de Grupo México”, al gremio le tienen “sin cuidado, no nos quitan el sueño y ni siquiera vale la pena contestarles porque son personas vendidas hacia los intereses de Grupo México”.

En breve entrevista, Pavón comentó que el proceso de extradición no es algo fácil porque, en primer lugar, tendrían que comprobarle el delito al líder minero, lo cual va a ser imposible porque “no hay ilícito que perseguir”.

En cuanto a la determinación de la juez, dijo que ésta fue “por consigna” y que la impartidora de justicia fue “presionada por subsecretarios de la PGR” por lo cual, aseguró, “la determinación judicial no está apegada a derecho”.

Advirtió a Grupo México y a la dependencia laboral, así como al mencionado grupo Veta de Plata, que “no lograrán dividir al sindicato” y que en respuesta a esta acción judicial “estamos preparando paros, posiblemente para la semana próxima, porque esto es claramente una persecución política”.

La PGR debe cumplir

Por su parte, la cooperativa Veta de Plata insistió ayer en que el gobierno mexicano debe solicitar al canadiense la detención de Gómez Urrutia con fines de extradición y aludió que saben que “no será difícil ejecutar la orden de aprehensión que ayer libró Carrasco Corona, ya que se sabe que el ex dirigente minero se esconde en Vancouver, Canadá”.

Agustín Acosta Azcón, representante legal de la cooperativa, señaló que la PGR tiene como mandato de ley cumplir con la detención de Gómez Urrutia, “lo que es una exigencia de los trabajadores afectados por la extinción del fideicomiso”, y apuntó que los casi 10 mil mineros afectados por el “desvío” esperan que la PGR no anteponga ninguna excusa que le impida ejecutar la orden de aprehensión para poner al dirigente frente a la justicia.

El litigante señaló la importancia de que las autoridades “continúen firmes en la aplicación de la ley para dar una respuesta al reclamo de los trabajadores afectados y que la determinación de hacer valer el estado de derecho es un avance que se inscribe en el marco del nuevo Acuerdo Nacional de Seguridad y Legalidad”.

 
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