■ Es desigualdad ante la ley, dice ministra de Defensa argentina
Prohíben alojar en unidades militares a jefes castrenses procesados o condenados
Buenos Aires, 9 de septiembre. La ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, dictó hoy una resolución prohibiendo a los jefes de los estados mayores del ejército, la armada y la fuerza aérea “el alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente”.
Fundamentada en la Ley de Defensa Nacional 23554 y el Código Procesal Penal de la Nación, la resolución prohíbe “a la totalidad del personal de las fuerzas armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera fuera la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad”.
Además las fuerzas armadas no podrán realizar “notificaciones judiciales y cualquier otra diligencia procesal, sin previa autorización expresa” de ese ministerio.
Este aspecto queda claramente establecido en el artículo tercero donde se ordena a las tres armas comunicar de inmediato al Ministerio de Defensa sobre todo requerimiento judicial, “cualquiera sea el lugar o la autoridad que lo reciba, en que se solicite la intervención de las fuerzas armadas” para cualquiera de los casos ya establecidos como alojamientos en unidades militares de procesados o condenados penalmente.
Éste es un paso clave después de producirse fugas de procesados militares que se alojaban en unidades de sus armas, o también comprobarse salidas irregulares de éstos y otros beneficios que rozaban la impunidad.
En las consideraciones de la resolución se argumenta que “en varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las fuerzas armadas para la realización de tareas” que son propias de seguridad, y señala la necesidad de poner límites “toda vez que las unidades militares no tienen competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos”.
La ministra Garré sostiene que estas acciones “no solamente son ajenas a las tareas específicas de las fuerzas armadas, sino que les están prohibidas”.
Garré envió notas a jueces y cámaras federales –con jurisdicción en causas donde están procesados militares por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983)– solicitando que éstos no fueran alojados en unidades militares porque no son cárceles, pone en dificultades a los que trabajan allí y sientan un precedente “de desigualdad ante le ley” frente al resto de los sometidos a juicios.
Uno de los pasos gigantes de la etapa posdictadura (1976-1983) fue establecer en forma contundente que las fuerzas armadas tienen como misión la defensa nacional, lo que les impide hacer seguridad interior por leyes promulgadas hace ya 20 años.
Garré, la primera mujer que maneja el Ministerio de Defensa, ha tomado siempre decisiones muy rápidas, como lo ha hecho en los últimos tiempos también en casos de corrupción en dichos sectores militares.
Por estas horas y por denuncia de la propia ministra, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que cite a declarar a 30 militares y 71 civiles sospechosos de corrupción en estafas que afectan al Estado.
La denuncia fue por malversación de fondos y asociación ilícita, y se estima que en 2007 se habían cometidos irregularidades en 25 contrataciones en el Comando de Operaciones Terrestres, en el Batallón de Inteligencia 601 –de trágica historia en tiempos de la represión– y en la Dirección de Asuntos Históricos