■ Detenidos en julio de 2004 por privación ilegal de la libertad, salieron bajo caución el mes siguiente
Libertad absoluta para dos opositores a la presa La Parota; obtuvieron amparo
■ El lunes pasado el segundo juzgado de distrito radicado en Acapulco les otorgó suspensión definitiva
Chilpancingo Gro., 9 de septiembre. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que el lunes pasado el juzgado segundo de distrito radicado en Acapulco otorgó una suspensión definitiva a favor de dos dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), contra el auto de formal prisión impuesto en 2004 por el delito de privación ilegal de la libertad en agravio de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por medio de un boletín de prensa, la organización destacó que “el amparo quedó radicado bajo el número de expediente 1085/2008 y deja en libertad absoluta a Marco Antonio Suástegui Muñoz, así como a Francisco Hernández Valeriano, dirigentes del CECOP, quienes fueron liberados bajo caución el 5 de agosto de 2004”.
Añadie que “después de la movilización que el CECOP hizo el 29 de junio del 2004 para impedir que funcionarios de la CFE entraran con maquinaria a los bienes comunales de Cacahutepec, los comuneros Felipe Flores Solano, Rufina Palma Ortega, Francisco Hernández Valeriano, Jacinto Solís Vázquez, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rodolfo Chávez Galindo fueron acusados por el delito de privación ilegal de la libertad en contra del ingeniero de la paraestatal Jaime Gutiérrez Tejeda.
“Derivado de este señalamiento, Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández Valeriano fueron detenidos el 27 y 28 de julio de 2004 por agentes de la Policía Investigadora Ministerial con una orden de aprehensión que fue girada el 16 de julio del mismo año por el juez sexto de primera instancia del ramo penal con sede en Acapulco. Sin que existieran elementos probatorios, el 2 de agosto les fue dictado el auto de formal prisión. Por esta situación los acusados se inconformaron y presentaron un recurso de apelación ante la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero”, que ratificó el veredicto del juzgado sexto, añadió.
Por último, se informa que “esta resolución da la razón a los comuneros opositores a La Parota en el sentido de que el gobierno de Guerrero sigue criminalizando la protesta e impulsando megaproyectos que siguen violando los derechos humanos de los sectores más vulnerables”.