De nueva cuenta el Partido Acción Nacional se quedó solo en una votación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con ello refrenda su vocación excluyente y autoritaria. El 29 de agosto pasado, por amplia mayoría de votos, la ALDF aprobó reformas al Código Civil que abren la posibilidad de que se reconozca jurídicamente la identidad de las personas transgénero y transexuales.

Si bien como apuntan representantes de organizaciones civiles de personas trangénero, la iniciativa aprobada presenta muchas limitaciones —para lograr el cambio de nombre en el acta de nacimiento deberán someterse a un largo proceso jurídico no muy claro y que deberán costear las personas mismas—, se trata, a pesar de todo, de un gran paso en el reconocimiento de derechos plenos a este sector de la población. Es el primer reconocimiento del Estado de la existencia jurídica de esta condición genérica.

Sin duda, uno de los principales aportes de la iniciativa aprobada es que no será necesaria ninguna cirugía de reasignación de sexo para otorgar reconocimiento legal a la identidad de género asumida.

La entrada en vigor de la “ley de identidad de género” será una prueba de fuego, por los prejuicios homofóbicos y por las mismas deficiencias de redacción de las reformas, para nuestras instituciones jurídicas. Y ya que los jueces tendrán la última palabra, no estaría de más brindarles talleres de sensibilización con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Con el reconocimiento jurídico de la identidad de género, las personas transgénero también logran legitimidad social. La imagen pública y las organizaciones civiles de transgéneros salen fortalecidas de esta experiencia. Fortaleza que deberá ser aprovechada para avanzar en las reformas pendientes a la Ley de Salud del gobierno del Distrito Federal.