■ Los decretos acordados reivindicarán a víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
España: precisan ley de memoria histórica
Madrid, 3 de octubre. El gobierno español envió este viernes al Consejo de Estado cuatro decretos de aplicación de la ley de “memoria histórica” sobre la represión franquista, que facilitan la obtención de la nacionalidad española a ex miembros de las Brigadas Internacionales.
“El Consejo de Ministros ha decidido remitir al Consejo de Estado para que sean objeto de dictamen cuatro proyectos de Reales Decretos que desarrollan la Ley de reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, señaló un comunicado del Gobierno.
Entre estos decretos figura uno que facilita la obtención de la nacionalidad española a los antiguos miembros de las Brigadas Internacionales, extranjeros que vinieron a combatir del lado republicano contra los franquistas.
Antes debían renunciar a su nacionalidad de origen si querían tener la española.
Otro decreto precisa las modalidades de pago de indemnización a las personas o familiares de “fallecidos en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (del primero de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)”, periodo que cubre los últimos años de la dictadura y el inicio de la democracia en España.
La indemnización será de 135 mil euros en caso de muerte.
Un tercer decreto prevé las modalidades de reconocimiento de la condición de víctima, y el último se refiere a la devolución a los particulares de documentos y objetos conservados en los archivos de la Guerra Civil.
Los diputados españoles votaron a finales de octubre de 2007 una ley para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975).
Esta legislación fue apoyada por el Partido Socialista Obrero Español del jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un combatiente republicano fusilado, pero contó con el rechazo del principal partido de la oposición, el Popular.