■ Legisladores lo responsabilizan de la violencia
Interponen demanda de juicio político contra García Luna
Legisladores del PRD presentaron ayer ante la secretaría general de la Cámara de Diputados, una denuncia de juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien señalan como uno de los responsables de la violencia que padece el país, ya que su tarea, sostienen, la ha evadido “cínicamente”.
Los diputados perredistas Aleida Alavez Ruiz, Armando Barreiro y Alejandro Sánchez Camacho interpusieron este recurso ayer al mediodía y señalaron que García Luna realizó actos en el desempeño de sus funciones “que están alejados de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, propiciando perjuicio a los intereses públicos fundamentales y violaciones graves a las garantías individuales”.
Basan su alegato en diversos argumentos del funcionario durante la comparecencia que tuvo en San Lázaro, así como en otras intervenciones públicas.
Entre otros, sostiene que no ha realizado evaluaciones periódicas de confianza a los servidores públicos a su cargo; que hay en la dependencia un subejercicio de 8 mil millones de pesos y que cuenta con una policía infiltrada por la delincuencia organizada, pero que ha “evadido” tomar medidas para hacer frente a ese problema.
“Negligencia”
Los legisladores perredistas sostienen que García Luna tiene la obligación, mediante el uso de los recursos financieros y humanos a su alcance, de hacer frente a la delincuencia organizada, pero que su “negligencia” respecto de este deber se evidencia con las más de cinco mil ejecuciones relacionadas con organizaciones criminales.
“La responsabilidad de García Luna en la ola de violencia que padece el país es muy grande. No se trata de un empleado más que cumple con llegar puntual a su trabajo, tiene la responsabilidad con el Estado, la cual no puede soslayarse cínicamente como vino a demostrar en la comparecencia de la semana pasada”, subrayan los denunciantes.
Añaden los diputados del sol azteca que el reconocimiento de la propia autoridad sobre la infiltración de los cuerpos policiacos “no es asunto de gracia, sino que debe haber medidas contundentes para recuperar la seguridad de la población, por lo que con estas medidas esperamos que se retome el sentido de responsabilidad del Estado”.