Usted está aquí: sábado 11 de octubre de 2008 Política Pide Sedeso $90 millones adicionales para mantener en cuatro pesos el litro de leche

■ Cuestionan diputados a Cordero por el uso electoral de los programas sociales

Pide Sedeso $90 millones adicionales para mantener en cuatro pesos el litro de leche

■ Evita aclarar por qué Calderón “usa información confidencial de beneficiarios para promoverse”

Roberto Garduño

Ampliar la imagen Ernesto Cordero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durante su comparecencia de ayer en la Cámara de Diputados Ernesto Cordero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, durante su comparecencia de ayer en la Cámara de Diputados Foto: Notimex

Diputados de oposición criticaron con dureza el manejo que el gobierno federal hace de la política social por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Durante su comparecencia ante comisiones unidas, el titular de la dependencia, Ernesto Cordero, fue objeto de cuestionamientos en torno al uso electoral que hace la administración calderonista de los programas de apoyo a la población.

El funcionario defendió la transparencia y destino de los recursos que el gobierno federal controla para beneficiar a los ciudadanos más pobres, y anunció que la Sedeso requerirá recursos adicionales por 900 millones de pesos para sostener en 2009 el programa de abasto de leche, a un precio de 4 pesos por litro. Con ironía, dijo que el único programa asistencialista en la dependencia a su cargo es el que respalda a las personas mayores de 70 años.

La comparecencia de Cordero discurrió entre cuestionamientos de diputados de PRD y PRI. Mayra Peñuelas, representante del Revolucionario Institucional, refirió que la información de los beneficiarios de los programas “está sometida a la discrecionalidad; hay contradicción, porque se difunden miles de cartas que el Ejecutivo está mandándoles, lo que evidencia que se utiliza para beneficio político del gobierno. Como consecuencia del centralismo, ha generado grandes bolsas para manejo discrecional”.

Yurixi Leyva Piñón, del PRD, argumentó que la política social y la atención a las mayorías están desarticuladas; “la política social del gobierno está siendo utilizada para beneficio político-electoral”. Para promocionar su imagen, el Ejecutivo federal envió millones de cartas a ciudadanos utilizando información de la Secretaria de Desarrollo Social”, dijo.

Incluso, una vez que Cordero respondió a las preguntas de la perredista, fue objeto de una mordaz réplica. “Señor secretario, no me contestó nada. No me respondió cuánto costó; desglóseme, porque no me checan las cuentas. No me respondió de manera concreta ni oportuna”.

No obstante, el PAN, por medio de José Luis Contreras Coeto, aseguró que la responsabilidad de los programas no se circunscribe a la administración de Felipe Calderón, pues –insistió– “para que sigamos acabando con esos fines electorales, no se vale venir a criticar al gobierno federal; en algunos estados hay hasta 300 programas sociales sin reglas de operación, y hay mucha tela que cortar. Es difícil acabar con la palabra ésa de que cada quien lleva agua para su molino. No se puede venir a criticar al gobierno federal como si fuera el malo de la película; tenemos que ir reflexionando”.

El perredista Sergio Hernández también preguntó con insistencia: ¿qué puede esperar el ciudadano común, el que va a regresar o el que no se ha ido porque no tiene siquiera para pagar el pasaje? ¿Qué respuesta tenemos para ellos, qué posibilidad de empleo les vamos a ofrecer?, porque no van a esperar los programas durante meses. ¿Qué respuesta puede tener el ciudadano común para que podamos hacer frente a esto?

Cordero quiso responder a su modo: “las cartas que con motivo del segundo Informe del Presidente de la República se enviaron para explicar la forma de rendir cuentas y de informar a los beneficiarios de las acciones que este gobierno está llevando a cabo, están perfectamente permitidas en el artículo 228 del Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), donde dice que el informe anual de labores, o gestión de los servidores, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan están perfectamente permitidos y no les aplica la restricción constitucional (…) y el Presidente está en todo su derecho, como están todos los servidores públicos que rinden cuentas, y a la luz poder reportar a los ciudadanos los esfuerzos que están haciendo en materia de política pública”.

Tras solicitar un incremento extra en el presupuesto de la Sedeso, por un monto de 900 millones de pesos, destinados a garantizar el precio de la leche en 4 pesos, se refirió al apoyo a los adultos mayores:

“El único programa en el cual no se pide nada a cambio es el de los adultos mayores de 70. En él se da el recurso económico a todo mexicano que tenga más de 70 años y viva en una comunidad de menos de 10 mil habitantes. Quiero decir que no por eso sea un mal programa, ni mucho menos, como ya mencioné. Es un programa muy noble que atiende un problema de equidad y justicia de una población que merece apoyo inmediato del gobierno; sería el único meramente asistencialista que tendría la Secretaría de Desarrollo Social”, concluyó.

 
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