■ Según testigo protegido, entre los involucrados hay ex militares de elite

Funcionarios de la PGR vendían información a narcotraficantes

Alfredo Méndez

Una indagatoria de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) documenta cómo capos de la droga cooptaron a tres ex militares de elite y a por lo menos cuatro mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes desde 2004 recibieron pagos mensuales, algunos por 450 mil dólares, a cambio de información clasificada. Esto les permitió a los delincuentes eludir capturas y seguir traficando drogas en todo el país.

Con esta investigación en curso quedó al descubierto una de las tramas de corrupción que existen dentro de la Procuraduría General la República (PGR), pues se documenta cómo agentes federales encargados de combatir e investigar el tráfico de cocaína en el norte del país, en realidad protegían a los barones de la droga.

La información obtenida principalmente por el poderoso cártel de los hermanos Beltrán Leyva incluía datos precisos sobre la logística de los operativos antinarco que realizan desde hace dos años el Ejército y la Policía Federal Preventiva (PFP), principalmente en Sinaloa, además de referencias sobre los fugitivos más buscados por Estados Unidos.

Asimismo, la revelación de información clasificada contenía los nombres, teléfonos, fotografías y ubicación de narcotraficantes que al ser detenidos delataban a sus cómplices.

También se filtraban datos personales de militares y responsables policiacos participantes en operativos que hubieran tenido como resultado decomisos importantes de droga, armas o dinero en efectivo.

La información que obtenían los narcotraficantes también les permitía tener en su poder datos de órganos de inteligencia de Estados Unidos (como la DEA o la FBI), introducir cargamentos de droga por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eludiendo la acción de la policía, y recibir protección directa de agentes federales durante las frecuentes visitas de capos a antros y centros nocturnos de diversas ciudades turísticas.

Todo lo anterior consta en documentos confidenciales del expediente SIEDO/UETMIO/6668/ 2008, del cual tiene copia La Jornada y en el que se advierte que un grupo de mandos de la AFI, entre ellos tres ex miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército y varios policías judiciales de carrera recibían pagos mensuales de parte de narcotraficantes.

Los implicados

Los funcionarios implicados en esta red de corrupción –varios están arraigados– eran coordinados por Miguel Ángel Colorado González, un ingeniero que trabajó varios años en diversas dependencias de seguridad pública, estatales y municipales, antes de llegar, a finales de los años 90, a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, hoy SIEDO.

Colorado tenía un alto nivel directivo dentro de esa instancia de la PGR: durante el sexenio del presidente Vicente Fox rendía cuentas a José Luis Santiago Vasconocelos (entonces titular de la SIEDO) sobre las investigaciones que realizaba la célula de la AFI adscrita a la fiscalía antinarcóticos.

Bajo el mando de Colorado González estaban los ex policías judiciales Antonio Mejía, Jorge Zavala Segovia y Francisco Jiménez Sánchez, Pinocho, este último prófugo.

Otro grupo de estos agentes investigadores de la AFI coordinados por Colorado González estaba integrado por tres ex militares de elite de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): Fernando Rivera Hernández, Roberto García García y Milton Cilia Pérez. El primero, capitán, y los otros dos con grado de teniente.

Los tres se dieron de baja del Ejército en la década de los 90 para pasar a la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR.

Actualmente los tres ex militares ya admitieron haber revelado a capos del narcotráfico información confidencial. “Uno de mis dos compañeros con los que fui detenido me dijo que estaba enterado de lo que ya era ‘un secreto a voces’ dentro de la SIEDO: que los policías de AFI trabajábamos para los (hermanos) Beltrán Leyva”, declaró el pasado 8 de agosto el capitán Fernando Rivera.

Ante un agente del Ministerio Público, Rivera agregó que “Colorado González era el encargado de repartirnos las investigaciones; los elementos de la AFI están relacionados con el cártel del Golfo, La Familia Michoacana, el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, a quienes les vendían las investigaciones que estábamos realizando contra ellos”.

El ex militar admitió que “durante varios meses mis compañeros y yo recibimos unas veces 15 mil, 30 y 120 mil dólares mensuales por varios jales (revelar información) con los Beltrán Leyva”.

Estos jefes policiacos comenzaron a recibir dinero de los hermanos Beltrán Leyva en 2004, cuando la SIEDO investigaba a los responsables de la ejecución de cuatro sicarios de Los Zetas registrada en Acapulco, Guerrero.

Operadores del capo Héctor Beltrán Leyva contactaron a la gente de Colorado González, y a cambio de 450 mil dólares que se repartieron los jefes policiacos, se congeló varios meses la investigación en Acapulco, que apuntaba a un sicario de ese cártel como el responsable de la muerte de los cuatro zetas.

Otro miembro importante de esta red de funcionarios vinculados con actos de corrupción es José Antonio Cueto López, un ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Este sujeto –actualmente jubilado por la PGR– fue quien acercó a diversos operadores de los hermanos Beltrán Leyva con Colorado González y los ex militares que hasta julio pasado realizaban investigaciones sobre narcotráfico para la SIEDO.

En el mismo expediente consta que Diana Alicia Luque Luna, esposa de Miguel Ángel Colorado, también estaría implicada en esta red de filtración de datos confidenciales, pues según imputaciones que en su contra hicieron los mismos funcionarios de la SIEDO, ella se citaba con gente del capo del cártel de Sinaloa Ignacio Nacho Coronel Villarreal, y de otros narcotraficantes, en restaurantes ubicados a pocas cuadras de la propia subprocuaduría.

La investigación por este caso se inició el pasado 2 de julio, en la embajada de México en Estados Unidos, cuando un ex director de Interpol-México que también trabajó para los servicios de inteligencia del vecino país y al que se le ubica con el sobrenombre de “Felipe” para proteger su identidad, narró con detalle los vínculos entre funcionarios de la SIEDO y los narcotraficantes.

Antes de convertirse en testigo protegido, “Felipe” trabajó en la embajada de Estados Unidos en México, y al menos en tres ocasiones reveló información confidencial al cártel de los Beltrán Leyva a cambio de dinero.

Las investigaciones contra estos funcionarios continúan y en breve serán consignados ante un juez federal.