■ Las recientes reformas complican aún más las resoluciones
El IFE arrastra 170 casos de promoción ilegal de funcionarios
Con 170 casos sin resolver, relacionados con presuntas violaciones a la prohibición de utilizar la publicidad oficial para promoción personal, el Instituto Federal Electoral (IFE) se apresta a aprobar este mes el reglamento que permitirá fijar criterios y alcances de las sanciones. Asimismo, se definirán, entre otros aspectos, aquellos supuestos que el organismo consideraría actos anticipados de precampaña o de campaña.
El presidente de la Comisión de Quejas, Virgilio Andrade, señaló que si bien es cierto que no se ha resuelto ninguno de esos casos, también lo es que la sola presentación de la queja o el inicio de procedimientos por el organismo ha motivado el retiro inmediato de la propaganda en cuestión.
De acuerdo con el informe del IFE, de los 170 casos en los cuales se encuentran involucrados gobernadores, alcaldes, senadores, diputados locales y federales, en 101 el instituto es el que ha iniciado los procedimientos, en tanto que solamente en 69 las investigaciones se abrieron a solicitud de parte.
Así, por ejemplo, de los 101 procedimientos iniciados de oficio por el IFE, el estado de México es el que concentra el mayor número, con 24 expedientes abiertos seguido de Veracruz, con 18, y el Distrito Federal, con 12.
Asimismo, de esos mismos procedimientos, 38 se han iniciado contra alcaldes, 24 contra diputados locales, 18 contra diputados federales, 14 contra gobernadores, cuatro contra senadores y tres contra otras instancias.
Cuestionado sobre las razones que han impedido el desahogo de los 170 casos, Andrade señaló, entre otras, el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha establecido que “incluso antes siquiera de emplazar es necesario investigar si los recursos (de la promoción) provinieron del dinero público”.
A partir de la reforma electoral, los legisladores definieron la prohibición de que la imagen del funcionario –o inclusive su voz– pudiera aparecer en la publicidad institucional. Todo ello encaminado a impedir que con dinero público se financie la promoción de los políticos que, de comprobarse, podrían ser sancionados inclusive con la cancelación del registro como candidatos.
Andrade destacó que el desahogo de las quejas relacionadas con estas irregularidades se encuentra en el ámbito de la secretaría ejecutiva del instituto, por lo cual la comisión que él preside sólo se aboca al análisis de los expedientes, cuando le son remitidos los dictámenes antes de llegar al Consejo General para su discusión.
–¿Sería necesario que los casos se resolvieran antes de enero?
–Sería lo óptimo –respondió el consejero.
Lo anterior, en función de que en ese mes arrancan las precampañas de los partidos políticos y, eventualmente, si algún funcionario violó recurrentemente las prohibiciones legales, el IFE podría determinar cancelarle el registro si pretende aspirar a otro cargo.
En cuanto al reglamento, Andrade señaló que se tendrá que aprobar en noviembre, aunque eso requerirá intensificar los trabajos para consensuar su contenido no sólo entre consejeros, sino también con los partidos políticos.
Aunque existen varios gobernadores que se han visto involucrados en quejas o en procedimientos iniciados por el IFE –entre ellos los de Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Yucatán, entre otros–, no ha sido el caso del mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, o del jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, cuyas apariciones en medios de comunicación son recurrentes.
Se trata de otros casos, indicó, en los cuales no se tiene evidencia de que se trate de publicidad institucional o siquiera de que sea propaganda, de acuerdo con los supuestos contenidos en el artículo 134 constitucional. En dicha disposición se regula el uso de la publicidad oficial en la que aparezca el logo del gobierno o de otra instancia oficial.