■ Estaban adscritos a la Siedo y fueron cooptados por los Beltrán Leyva
A juicio, tres afis; vendían información
La Procuraduría General de la República (PGR) consiguió llevar a juicio a dos elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), acusados de vender “información clasificada” al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, luego de que ayer un juez federal con sede en Jalisco libró el auto de formal prisión en contra de estos policías.
Se trata de Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia, dos agentes federales que estaban bajo el mando de Miguel Ángel Colorado González, ex coordinador general técnico de la SIEDO, y del capitán Fernando Rivera Hernández, ex director general adjunto de Inteligencia de la fiscalía antinarcóticos. Colorado y Rivera encabezaban una red de corrupción de funcionarios que presuntamente recibían sobornos de narcotraficantes.
Hasta el momento la PGR ha logrado que, además de estos dos elementos de la AFI, sea procesado Fernando Rivera por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento.
Mejía y Zavala serán enjuiciados esta semana por el segundo juzgado de distrito de procesos penales federales con sede en Guadalajara, mientras que el capitán Rivera Hernández quedó desde hace dos semanas a disposición del juzgado noveno de distrito de la misma ciudad.
El caso del ingeniero Miguel Ángel Colorado es distinto al de sus cómplices. La SIEDO no pidió su enjuiciamiento en tribunales mexicanos a fin de dar prioridad al procedimiento de extradición a Estados Unidos, abierto en su contra en el juzgado séptimo de distrito.
Los cuatro implicados en este caso de funcionarios antinarcóticos a quienes se les descubrieron vínculos con narcotraficantes –el más grave después de que en los 90 se supo que el entonces zar antidrogas, general Jesús Gutiérrez Rebollo, recibía sobornos de capos de la droga– permanecen detenidos en el penal federal de Occidente, en Jalisco.
La PGR los acusa de proporcionar información reservada de averiguaciones previas en curso a personas vinculadas con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva.