Impugnan narcos reforma constitucional
Los hermanos Luis Raúl y Miguel Ángel Arriola Márquez, quienes a finales de los años 90 conformaron un cártel de narcotraficantes que opera en el estado de Chihuahua, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emita un criterio respecto a la validez de la reforma al artículo 16 de la Carta Magna, que plantea el nuevo procedimiento para realizar medidas cautelares como cateos, intervención de comunicaciones privadas y arraigos.
Mediante el recurso de revisión de un amparo que pidieron ambos capos de la droga, en el que plantean la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 16 constitucional, los quejosos pidieron que la Primera Sala de la Corte ejerza su facultad de atracción para que emita un criterio sobre este particular.
Si la Corte admite el estudio de este amparo, será la primera ocasión que el máximo tribunal del país se pronuncie en un juicio respecto a la viabilidad de la reforma propuesta por el gobierno del presidente Felipe Calderón.
A partir de diciembre próximo comenzarán a fungir en el Distrito Federal seis jueces federales llamados “de control” que estarán dedicados exclusivamente a resolver peticiones de medidas cautelares solicitadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en casos de narcotráfico, secuestro y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
Desde hace meses, los hermanos Arriola tramitaron ante jueces de distrito de Chihuahua, sus demandas de amparo contra las reformas en este rubro propuestas el año pasado por el presidente Felipe Calderón.
En primera instancia las demandas de garantías fueron desechadas, pero los quejosos solicitaron la revisión, que primero recayó en un tribunal colegiado, y actualmente se encuentra en la Primera Sala de la Suprema Corte, en espera de que cinco ministros determinen si atraen los juicios o los dejan en el ámbito de competencia de tres magistrados colegiados.
Según notificación que el Primer Tribunal Colegiado de Chihuahua hizo a la Corte “se estima que el caso reviste un carácter trascendente reflejado en la fijación por parte de este alto tribunal, de un criterio sobre la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; opinión que será de gran relevancia y trascendencia para el criterio que se llegue a aplicar en el caso, por parte de la SCJN, con motivo de la reforma en comento”, puntualizó el Tribunal Colegiado al sustentar la petición de atracción del caso.