■ Deben cumplirse procedimientos y plazos, dice
Tema complejo, depurar el Poder Judicial: Valls
Monterrey, NL, 29 de noviembre. La falta de celeridad para identificar y “extirpar” a los “malos elementos” que incurren en “conductas impropias” o se coluden con el crimen organizado en el Poder Judicial de la Federación (PJF) “no es por capricho o frivolidad, y menos aún por colusión”, sostuvo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández.
Al encabezar la clausura de la tercera etapa del Congreso Nacional de Juzgadores del PJF, Valls justificó: “No es un asunto de ausencia de voluntad política del presidente de la SCJN, o del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) o del pleno de ministros del más alto tribunal”, sino que se debe cumplir con procedimientos específicos y plazos constitucionales y legales “que no podemos eludir”.
Precisó que a diferencia del Ejecutivo federal y de los gobernadores del país, que tienen la facultad legal de depurar los mandos de sus cuerpos de seguridad “simplemente por haberles perdido la confianza, incluso sin que exista indicio alguno de corrupción de los funcionarios”, en el caso de los jueces y magistrados federales que pudieran ser deshonestos, la depuración es resultado de todo un procedimiento que implica acreditar plenamente los actos irregulares.
Cada juez, insistió, es responsable de sus propios actos, actos “que no son imputables a todo el Poder Judicial”, en contraste con el Poder Ejecutivo, en cuyo caso “los actos de todos los funcionarios son, en última instancia, imputables al Presidente (de la República) o los gobernadores”.
En su discurso contrastó con el del ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien el pasado viernes en este mismo congreso destacó la labor del Consejo de la Judicatura Federal en vigilar la actuación de los juzgadores e incluso destacó que en lo que va del año han sido sancionados más de 60 funcionarios judiciales.
El ministro Valls justificó así que la “extirpación” de los malos elementos del PJF sea “menos rápida que en otros poderes”, cuestión a la que no aludió en su momento el presidente de la Corte.
En alusión directa a los comentarios hechos recientemente por el presidente Felipe Calderón en el sentido de que “el Poder Judicial” debía sumarse a la Operación Limpieza, Valls aclaró que “indebidamente” la opinión pública descalifica a “todo el PJF”, cuando se cuestiona la conducta de un juzgador –que es autónomo e independiente en sus decisiones–. Cada juez, indicó, es responsable de sus propios actos.
En este contexto, hizo un llamado para que se aproveche la coyuntura de la reciente reforma en materia penal para “sensibilizar” a la ciudadanía en la rendición de cuentas de los juzgadores.
Por otra parte, los jueces y magistrados coincidieron en señalar que la reforma penal que creó la figura de los jueces de control contiene “lagunas jurídicas”, que deben ser subsanadas en leyes secundarias para delimitar la actuación de dichos jueces en el otorgamiento de órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones, así como para garantizar que el Ministerio Público y la policía a su cargo respeten el marco legal y no violen los derechos humanos de los inculpados, como tampoco el debido proceso.
Señalaron también que en la implementación del juicio oral debe mantenerse la aplicación del juicio de amparo, aunque con nuevas variantes que deben ser aprobadas por el Congreso.