Usted está aquí: jueves 4 de diciembre de 2008 Política ONG que busca a desaparecidos acusa al gobierno de BC de relegar fiscalía especial

■ La dejó acéfala dos meses, dicen; lo responsabilizan de la seguridad de denunciantes

ONG que busca a desaparecidos acusa al gobierno de BC de relegar fiscalía especial

Antonio Heras (Corresponsal)

Mexicali, BC, 3 de diciembre. La Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad criticó que el gobierno panista de Baja California haya puesto en riesgo la integridad de familiares y ciudadanos que han denunciado desapariciones forzadas, la mayoría vinculadas con agentes policiacos, y lo hace responsable de su seguridad.

Alma Díaz, dirigente de esta organización estatal creada hace ocho años, que ha documentado mil 400 desapariciones forzadas en Baja California desde 1994, recordó que la agrupación exigió y logró la creación de una fiscalía especial, que inició operaciones hace tres meses. Sin embargo, un mes después, con motivo de los motines del penal de La Mesa en Tijuana, movieron de su cargo al fiscal Jesús Héctor Grijalba para designarlo subsecretario del sistema penitenciario estatal.

Esta decisión fue considerada una burla para la asociación porque sus integrantes no fueron informados, además de que, argumentan, se pusieron en riesgo las investigaciones, los expedientes y la integridad de los familiares de desaparecidos, porque dicha Fiscalía Especial para la Investigación de Personas Desaparecidas quedó acéfala dos meses.

Señalaron que el compromiso del gobernador José Guadalupe Osuna Millán fue que la asociación propusiera una terna para determinar la titularidad de la fiscalía, el cual tendría que pasar los exámenes de confianza y de conocimientos.

No obstante, Osuna Millán incumplió su palabra, toda vez que ayer martes designó fiscal especial a Miguel Ángel Guerrero y agente del Ministerio Público a Armando Ayón Carrilo. Ambos fueron agentes del Ministerio Público durante el gobierno sustituto de Alejandro González Alcocer, donde el segundo también fue jefe de grupo de la policía ministerial del estado.

Además, calificó de “simulación y demagogia” el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, “pues las autoridades han ocultado que el principal núcleo generador de violencia e impunidad son los policías”.

 
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