■ Lejos de resolverse la violencia hacia las mujeres en Juárez, se ha generalizado, apunta

Limitación de instituciones contribuye a la impunidad del hampa, admite Calderón

Claudia Herrera Beltrán

Lejos de resolverse la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez se ha generalizado contra toda la población por la “lucha brutal” de los delincuentes por dominar y doblegar a la sociedad, admitió –“con toda honestidad”– el presidente Felipe Calderón, al tiempo que anunció el replanteamiento de los operativos de seguridad en Chihuahua.

A su vez, durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2008, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, advirtió que ni las leyes ni la presencia del Ejército en las calles sirven mientras falte voluntad y coordinación entre todas las autoridades para que quienes delinquen sean juzgados y condenados a prisión.

Ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, Alejandro Martí y Matilde Haik, padres de Fernando Martí, el adolescente que fue secuestrado y asesinado, recibieron el reconocimiento póstumo Summa Cum Laude, mientras a Esther Chávez Cano, defensora de los derechos humanos de mujeres en Chihuahua, se le otorgó el premio nacional.

En la ceremonia, Calderón aseguró que el principal desafío que enfrentan los derechos humanos en México proviene de la acción impune de la delincuencia y de la limitación de las instituciones de seguridad y de justicia del país, o de franca incapacidad para terminar con dicha falta de castigo.

Prometió atender el llamado de Chávez, fundadora y directora de Casa Amiga, para que “no permita que ninguna mujer, niño o niña sean violentados”, y aseguró que existe un largo camino por recorrer para que en Ciudad Juárez, y en todo México, ser mujer no sea sinónimo de estar expuesta a la violencia.

Advirtió que los lamentables casos de las mujeres víctimas de la violencia en Ciudad Juárez y de Fernando Martí en la ciudad de México representan la expresión y la suma de muchos males que se dejaron crecer, que no se atendieron a tiempo y hoy se han convertido en una amenaza para el bienestar y la tranquilidad de las familias mexicanas.

En cuanto a los operativos, señaló que han funcionado en Monterrey y Michoacán, porque ha habido una reducción significativa de niveles de violencia, pero en Chihuahua “somos conscientes” de que se deben replantear los esfuerzos por detener la acción de la delincuencia.

Al respecto, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, explicó que el acuerdo con el Presidente consiste en redoblar el operativo, no sólo en número de elementos del Ejército, sino en la calidad de las acciones, mediante trabajo de inteligencia, “para dar golpes más certeros”.

En tanto, Soberanes señaló que los logros en democracia pueden ser truncados por el crecimiento de la delincuencia, que azota casi todos los rincones del país y pone en peligro la soberanía nacional.

Hizo un llamado “urgente” a que cada quien asuma su responsabilidad en combatir el crimen organizado, porque peligran la unidad, la paz y la libertad del país.

Ejemplo de este abandono e indiferencia, explicó, son las asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. “Pasan los años y, por desgracia, el signo ominoso de vejaciones, violencia y desesperanza continúa en esa localidad del norte del país.”

Chávez Cano, si bien hizo un reconocimiento a las reformas constitucionales impulsadas por el titular del Ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo, consideró que convertirlas en el único centro de atención de la inseguridad impone una “lectura reduccionista que pretende judicializar hasta los mínimos aspectos de la vida social”.

Indicó que la justicia es condición necesaria, pero no suficiente, ya que se requiere fomento efectivo del bienestar social, redistribución del ingreso, educación, cultura y recreación, así como igualdad de oportunidades.

A su vez, Martí señaló en entrevista que este reconocimiento demuestra la importancia de que en un país con tanta impunidad se ponga más atención a la protección de víctimas.