■ La tarea es responsabilidad de todos y obligación de los partidos: consejero presidente
Oficializan blindaje en el IFE contra el ingreso de dinero sucio en campañas
■ Celebra el PRI que no se dotara al instituto de facultades “extralegales”
■ Las atribuciones mal usadas pueden generar distorsiones: AN
■ Llama el PRD a usar estrategias en forma responsable
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó anoche un conjunto de medidas para apuntalar las facultades del organismo, que le permitan tener un “blindaje” para impedir que el crimen organizado pueda involucrarse en las campañas.
Auditorías aleatorias, obligación de los partidos de presentar listado de empresas proveedoras, mayor control sobre el manejo de efectivo, presentación de denuncias penales y colaboración con instancias federales e instituciones financieras para dar seguimiento al uso del dinero, forman parte de esas acciones.
Cumplimiento a cabalidad
Con las medidas aprobadas, sostuvo el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, se cumple a “cabalidad” el compromiso asumido por el instituto para “evitar, dentro del ámbito de sus atribuciones, la participación de dinero ilícito en las precampañas y campañas electorales”.
Subrayó que evitar esta intromisión es “responsabilidad compartida, lo que exige la participación de la sociedad en su conjunto, y una obligación que tienen los partidos como entidades de interés público”.
Valdés agregó que si bien ya se cuenta con estas acciones para blindar las elecciones, “lo cierto es que la responsabilidad ética y los valores de la democracia que asuman los actores políticos dentro de la competencia electoral serán determinantes para mantener un modelo de convivencia que privilegie la tolerancia”.
Las medidas aprobadas anoche son complementarias del “Acuerdo por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos y del propio IFE para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el proceso electoral 2008-2009”, aprobado en diciembre pasado.
En su oportunidad, el consejero Virgilio Andrade manifestó que el blindaje adoptado por el IFE se conformó con el acuerdo de diciembre, en el que se señala la posibilidad de alcanzar convenios de colaboración con dependencias como las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública o con la Procuraduría General de la República, para contar con mayores garantías de seguridad de todo el proceso y sus contendientes.
Aludió a las reformas realizadas a los reglamentos de la Unidad de Fiscalización y al de esta materia, que permiten mayores controles sobre los manejos financieros de los partidos políticos, y establecen la obligación de entregar listados de personas políticamente expuestas, entre ellas candidatos, dirigentes y responsables de finanzas partidistas. También destaca el intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El consejero Marco Antonio Baños destacó la importancia de las medidas adoptadas, en razón de que “nada sería más nocivo para la salud de la democracia y la continuidad de las instituciones, que el dinero mal habido participe en las elecciones, que la soberanía popular resulte secuestrada por el crimen organizado”.
En tanto, el consejero Arturo Sánchez señaló que los nuevos esquemas de fiscalización pretenden privilegiar la “bancarización” de las operaciones partidistas, porque esto “deja huella” y permite dar seguimiento a los movimientos.
El desenlace de las negociaciones y la aprobación de las medidas fueron celebradas con cautela por los partidos, aunque no hubo descalificaciones abiertas.
El representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, celebró que se haya dejado de lado la pretensión de dotar al IFE de facultades “extralegales, metaconstitucionales, propias de regímenes fascistas”; de ahí la importancia de haberse ceñido a la legalidad sin pretender “sustituir atribuciones de la Procuraduría General de la República o de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Por su parte, el representante del PAN, Roberto Gil, indicó que el IFE ganó facultades fundamentales en materia de fiscalización, “que deben ejercerse con responsabilidad, pues, sin lugar a dudas, esas atribuciones mal utilizadas pueden generar distorsiones en la competencia electoral”. Demandó hacer un esfuerzo por proyectar estos acuerdos a escala local, pues aún permanece el desafío de blindar los procesos electorales locales y el IFE debe tener una función de liderazgo”.
El representante del PRD, Rafael Hernández, manifestó que es responsabilidad conjunta del IFE y los partidos cerrar el paso al ingreso de dinero sucio a las campañas y subrayó la importancia de orientar la fiscalización a la disuasión de estas pretensiones. En este contexto, llamó a utilizar en forma responsable las estrategias de campaña para evitar “el mal uso de esta voluntad común de enfrentar al crimen organizado”.