Oaxaca, Oax., 25 de febrero. La Asociación de Promotores Inmobiliarios y Turísticos de Bahías de Huatulco exigió una tregua a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para cumplir la ley ambiental y evitar clausura de obras.

No queremos evadir la ley, pero si ha habido incumplimiento u omisiones es por desconocimiento y por mala información de las autoridades federales, afirmó Juan Maurer Spitalier, intregrante de ese organismo empresarial.

Dijo que de diciembre a la fecha esa dependencia ha clausurado 13 proyectos de desarrollo turístico por carecer de estudios de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo, pero no porque los empresarios quisieran incumplir las disposiciones legales, sino por creer en lo dicho por funcionarios de la propia Profepa.

Explicó que el subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Ramiro Rubio Ortiz, se reunió recientemente con los desarrolladores de Huatulco para pedirles acatar las normas ambientales y ofreció un plazo para ponerse en regla, porque no se trataba, según él, de clausurar y afectar a los inversionistas. Estuvimos de acuerdo, pero sin decir agua va empezaron las clausuras.

Juan Maurer destacó que un estudio de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo cuesta entre 30 mil y 35 mil pesos, además del pago de derechos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de aproximadamente 20 mil pesos.

A su juicio, la Profepa ha cargado la mano a los desarrolladores de Huatulco no solamente con las clausuras, sino al colocar sellos de 10 metros de largo por 1.50 de ancho. Esto es inaceptable, consideró.

Añadió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al cual la Profepa clausuró dos obras, es corresponsable por esta situación, porque al vender los terrenos a los desarrolladores aseguró que ya tenía los estudios de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo. Así lo vendió, pero vemos que no es cierto, aunque así (sin estudios) se ha construido Huatulco en los últimos 20 años, aseguró.

Maurer Spitalier insistió en que los desarrolladores deben recibir una prórroga para cumplir con sus obligaciones, pues la falsa información de la Profepa es una atenuante. Indicó que la clausura de 13 obras provocó que se perdieran unos 500 empleos y alejó inversiones por al menos 700 millones de pesos.