Doce años después de haber iniciado una lucha para retirar un anuncio espectacular de más de 31 metros de altura y siete metros de ancho, los esfuerzos de Luis Alberto Hernández han sido vanos.

Afirma haber perido la tranquilidad de su familia, que cotidianamente se siente amenazada por la enorme estructura metálica que invade su patio y que con fuertes ráfagas de viento parece caerse; también ha perdido tiempo y dinero porque las autoridades están a favor del mejor postor.

Luis Alberto Hernández explica que, pese a que ningún documento acredita la instalación legal del anuncio –lo que ha obligado a la delegación Venustiano Carranza a clausurarlo y multar a la empresa Publicidad Castro Rodríguez–, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no ha procedido a retirarlo, porque, según ella, está dentro de un programa de regularización de espectaculares, al cual no hemos tenido acceso, pero, agrega Hernández, sí hemos recibido amenazas de su personal, para dejar de molestar.

Hace unas semanas, afirma, recibió un apercibimiento de la directora general de servicios jurídicos de la dependencia, Bertha Patricia Carrillo Gómez, donde se le notifica que el anuncio “no tiene problemas, más bien –advierte– los tendremos nosotros si continuamos por esta vía, pues en sí la estructura representa un riesgo no sólo para quienes habitamos el número 318 de Guillermo Prieto de la colonia Magdalena Mixhuca, sino también para el resto de los vecinos de esta calle”.

En entrevista, expresa que la llegada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Gobierno del Distrito Federal significó una esperanza de que retiraran la estructura metálica. Su madre, Agustina Cruz Santiago –ya fallecida–, interpuso entonces una denuncia en la agencia de investigación del Ministerio Público 2, con el número 02/07641/97-09, y dirigió una serie de documentos a las autoridades delegacionales y centrales.

Además, acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y logró que el entonces delegado en Venustiano Carranza, Ramón Sosamontes, determinara el retiro del espectacular luego de que la Dirección de Protección Civil de la demarcación consideró que representaba un riesgo por falta de mantenimiento preventivo y correctivo y porque la empresa no contaba con licencia para exhibir publicidad en la lateral del Viaducto, por lo que se le aplicó una multa de 700 días de salario mínimo en 1998.

El anuncio colocado sobre el número 318 de la calle Guillermo Prieto originalmente medía 19 metros de altura, en 1997; hace dos años la empresa Publicidad Castro Rodríguez hizo elevar a 31 metros su tamañoFoto Roberto García Ortiz

Dicha resolución, sin embargo, nunca se cumplió, y el anuncio continuó promocionando diversas marcas y productos. En mayo de 2007, bajo la protección de los verificadores de la Seduvi José Luis Miramontes Uribe y Germán Flores Sierra, dice, la empresa aumentó la altura del espectacular, de 19 a 31 metros.

Algunas chispas de soldadura fueron a dar a tanques estacionarios y cilindros de gas cercanos, mientras algunos pedazos de solera y herramientas se esparcían por los patios, recuerda Hernández.

Todas estas irregularidades, explica, quedaron grabadas y se pusieron a disposición de la directora jurídica de la Seduvi, a quien se solicitó una reunión informativa y de orientación sobre las acciones que se llevarían a cabo. Después de casi dos años recibimos como respuesta un apercibimiento, en el que se nos conmina a respetar el acuerdo de regularización de espectaculares que se lleva a cabo, en tanto que la empresa continúa ofreciéndonos dinero para dejar de molestar, agrega.

“No hemos aceptado ninguno de los dos ofrecimientos –explica– porque no se trata de un capricho o de dinero, sino de garantizar la seguridad e integridad de las familias e inmuebles ubicados en la calle de Guillermo Prieto, que ya costaron la vida de mi madre”, pues lo ofrecido por el jefe de Gobierno de limpiar la imagen urbana de la ciudad, sólo son palabras, no hechos, cuando el dinero está por encima de los derechos de la gente común y corriente, que sólo busca que se cumpla con la ley, asegura.