Morelia, Mich., 18 de mayo. A unos días de que venza el segundo plazo para dictaminar la desincorporación de 444 hectáreas de la isla de La Palma, los legisladores locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que votarán en contra de la iniciativa del gobierno michoacano mientras no se audite el fideicomiso 2112, que administra los bienes.

En noviembre de 2007, el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel entregó al recinto fiscalizador portuario 184 hectáreas en comodato, y la actual administración quiere desincorporar las 444 restantes: 260 para instalaciones industriales y 184 para la empresa ferroviaria Kansas City Southern (KCS) de Estados Unidos.

A mediados de 2008 el Congreso de Michoacán recibió la iniciativa para desincorporar los terrenos de la isla de La Palma, perteneciente al municipio portuario de Lázaro Cárdenas, y ese mismo año el gobernador Leonel Godoy convino con directivos de KCS la venta de 183 hectáreas en 23 millones de dólares.

Los diputados de oposición se inconformaron y hubo una serie de reuniones para llegar al acuerdo, que se dictaminaría el 25 de noviembre de 2008, cuando faltó consenso y se convino reanudar la discusión el 25 de marzo pasado.

Legisladores del PAN, PRI y del Partido de la Revoluciuón Democrática (PRD) negociaron con funcionarios estatales y directivos de la Kansas City Southern. Persistió el desacuerdo con la oferta de 13 dólares por metro cuadrado, pero se planteó presentar el dictamen al pleno del Congreso el jueves 21.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada priísta, Wilfrido Lázaro Medina, consideró necesario hacer una auditoría al fideicomiso 2112 porque el secretario de Desarrollo Económico del estado, Eloy Vargas Arreola, mantiene una actitud cerrada y no proporciona información sobre el tema.

En un documento entregado al Congreso, Vargas Arreola dijo que la ley impide revisar las cuentas del fideicomiso. Mientras, persisten las diferencias sobre el proyecto, pues unos legisladores dicen que vender la isla no impulsará el desarrollo estatal y otros aseguran que con la megaterminal ferroviaria se crearán cientos de empleos.