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Bignone es procesado con otros mandos militares por crímenes de lesa humanidad

Comienza juicio contra último jefe de la dictadura argentina
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Defensores de derechos humanos muestran imágenes de víctimas de la dictadura en una corte de Buenos Aires, donde ayer comenzó el proceso contra Reynaldo Bignone y otros jefes militares (al fondo) por 56 casos de secuestro, tortura y homicidioFoto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de noviembre de 2009, p. 22

Buenos Aires, 2 de noviembre. Con la imagen de centenares de manos levantando fotos de desaparecidos y víctimas de la pasada dictadura comenzó este lunes aquí el juicio contra el ultimo dictador de la Junta Militar, el ex general Reynaldo Bignone, que será juzgado por crímenes de lesa humanidad junto a otros altos jefes del ejército.

Como espejo de doble cara, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que encontraron al nieto 98, cuyo nombre darán a conocer mañana, otro de los más de 400 niños robados por los militares, la mayoría de ellos nacidos en cautiverio y arrebatados a sus madres, que luego fueron desaparecidas.

Los crímenes por los que se juzga a Bignone fueron perpetrados en los centros clandestinos de detención distribuidos en el campo militar y escuela de Campo de Mayo, por donde pasaron miles de detenidos que fueron desaparecidos.

Bignone fue quien entregó el gobierno al ex presidente Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, fecha de retorno de la democracia después de las históricas elecciones de ese fin de año, que siguieron a la derrota militar en la guerra de las Malvinas del mismo año.

El ex dictador admitió que ordenó quemar los archivos de la dictadura. En buena parte se cree que lo hizo para que los organismos de derechos humanos dejaran de buscar en distintas dependencias, como se hace hasta hoy.

Junto a Bignone estarán cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato del niño Floreal Avellaneda, cuyo cadáver fue encontrado con señales de torturas en las costas uruguayas.

Uno de los más importantes jefes militares que comparecen junto a Bignone es el general Santiago Riveros, que fue jefe del Comando de Institutos Militares (cuarta zona), bajo cuya responsabilidad estuvieron, entre otros centros clandestinos, El Campito, Las Casitas y el Hospital Militar, que funcionó como maternidad clandestina donde se apropiaron de los niños nacidos en cautiverio.

En estos momentos Riveros está detenido en el penal de Marcos Paz por el crimen del niño Avellaneda. Los otros dos condenados en esta causa que hoy son nuevamente juzgados son los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, de 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, quien fue director de la Escuela de Infantería y del Colegio Militar de la Nación.

También comparecen el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro.

Los dos generales restantes son Eugenio Guañabens Perelló, acusado por los crímenes cometidos en 1977, cuando dirigía la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba un área militar, y Eduardo Alfredo Espósito, que fue director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410. Éste fue excluido por el tribunal porque “no tiene plenas facultades mentales.

Todos ellos, responsables de centenares de crímenes, están imputados en ese juicio por 56 casos de secuestro, tortura y homicidios.

Campo de Mayo y la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) son considerados los mayores centros clandestinos de detención. Pero en el primero, a diferencia de la Esma, hubo muy pocos sobrevivientes, sobre los que cae todo el peso testimonial.

Muchos de ellos pudieron identificar los lugares de detención y también dar testimonio sobre lo sucedido a muchos de sus compañeros.

Por otra parte, la sala uno de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el pasado día 31 un fallo que amplió el procesamiento de Humberto José Román Lobaiza, ex jefe del regimiento de infantería I Patricios, por el delito de asociación ilícita, en el contexto de la investigación de los delitos perpetrados en la Operación Cóndor. El tribunal rechazó un recurso de apelación presentado por la defensa de Lobaiza, quien había solicitado la nulidad delprocedimiento.