Bogotá. Rafael García Torres no duda en definir a Colombia como un Estado delincuencial y mafioso. Según él, la elección de Álvaro Uribe como presidente de la república en 2002, y su posterior relección, formó parte de una estrategia para tomar el poder del Estado y sus instituciones, y fue consumada por familias de elite y grupos empresariales del departamento de Antioquia, en alianza con paramilitares y narcotraficantes.

Hoy, dice, los jerarcas de ese proyecto político-criminal buscan asegurar la sucesión. Necesitan un hombre salido de sus entrañas para garantizar su permanencia en el poder y la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Baraja nombres como posibles relevos de Uribe en caso de que no se decida su segunda relección. Entre ellos, los de Germán Vargas Lleras, José Manuel Santos, Martha Lucía Ramírez, Sabas Pretelt de la Vega, Carlos Holguín y Fernando Araújo Perdomo. También incluye en la lista a Noemí Sanín, actual embajadora de Colombia en Inglaterra, y al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Pero no descarta a Nicanor Restrepo, una de las cabezas visibles del Grupo Empresarial Antioqueño.

Rafael García conoce los bajos fondos del régimen uribista como pocos. Fue el número dos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde los primeros días del gobierno de Álvaro Uribe. Era el hombre que concentraba la mayor parte de los datos de inteligencia del país, y según confesó ante la Suprema Corte de Justicia, cuando llegó allí ya formaba parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es decir, junto con su jefe, Jorge Noguera, fue una de las cuotas políticas concedida por Uribe a los jefes paramilitares de las AUC.

Desde ese cargo, narra en un documento en poder del reportero, participó en los planes conspirativos contra el gobierno de Venezuela. Dice que en 2003 Jorge Noguera creó un grupo especial, clandestino, que tuvo como misión infiltrarse en Venezuela. El grupo estaba conectado con el Bloque Norte del jefe paramilitar Jorge 40 y apoyaba al Bloque Democrático de la oposición venezolana. Uno de los cerebros de la conspiración era el entonces ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, y también participaba la ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez.

Por otra parte, García llegó a ser pieza clave en las actividades de narcotráfico y lavado de dinero del cártel de las tres letras (denominado así por las siglas DAS que definen a la inteligencia civil colombiana). “Éramos un cártel conformado en su mayoría por funcionarios del gobierno colombiano (…) que utilizaba dinero, bienes y documentos del Estado, en una siniestra alianza con paramilitares y narcotraficantes”. Asimismo, da cuenta cómo él y su jefe en el DAS, Jorge Noguera, viajaron en 2002 y 2003 a México, donde establecieron una alianza con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Su objetivo: hacer llegar droga a la costa este de Estados Unidos. Afirma que sendos viajes fueron autorizados mediante una resolución suscrita por el presidente Uribe. Dada su efectividad, la ruta mexicana para el transporte de droga del DAS y su red de lavado de dinero fueron utilizadas después por narcotraficantes amigos (entre ellos los del cártel del norte del valle) y jefes de las AUC como Jorge 40, Hernán Giraldo Serna y Salvatore Mancuso.

A comienzos de 2003, alertados por oficiales de la armada de que la plataforma computacional del DAS estaba siendo monitoreada por buques británicos dotados de alta tecnología y con presencia permanente en las aguas y bases navales colombianas, Noguera y García lograron voltear la situación y comenzaron a tener acceso a la información de inteligencia que obtenían los ingleses. Asimismo, la contrainteligencia logró información sobre la ubicación y cartas de navegación de las embarcaciones estadunidenses, británicas y colombianas del programa de interdicción marítima. Además del cártel de las tres letras, dice García, “los jefes de las autodefensas y los capos del narcotráfico terminaron haciendo negocios con oficiales del cártel de la armada (o cártel Blanco), como el contralmirante Gabriel Arango, el capitán Jorge Ahumada y el almirante Guillermo Barrera Chávez, actual comandante de la armada”.

De la caída al yo acuso

En junio de 2004, durante una reunión en el despacho de su jefe en el DAS, Rafael García se enteró de que el fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, le había recomendado a Noguera que tuvieran cuidado porque agentes federales estadunidenses andaban detrás de nosotros. En septiembre siguiente, un alarmado Noguera le dijo que Luis Camilo le había informado sobre la inminente formulación de cargos en Estados Unidos contra alguno de nosotros. En particular, su nombre, Rafael García, podría figurar en una solicitud de extradición. El 27 de enero de 2005 García fue detenido en su despacho. Según él, buscando salvarse, Jorge Noguera le tendió una emboscada y lo utilizó como chivo expiatorio. Dice que en la decisión tomó parte el presidente Uribe.

Trasladado a la cárcel de La Picota, en septiembre de 2005, Rafael García Torres decidió prender el ventilador. Sabía que era una guerra desigual, en la cual se tendría que enfrentar a la maquinaria del Estado representada por el presidente Uribe y altos funcionarios gubernamentales. Diseñó una estrategia jurídica, política y mediática, y comenzó a actuar. Pidió ser escuchado bajo juramento por la Fiscalía General de la Nación y logró divulgar su solicitud en varios medios. Se desató el escándalo y 10 días después Jorge Noguera tuvo que renunciar a la dirección del DAS. Para protegerlo, Uribe nombró a Noguera cónsul en Milán, Italia.

En abril de 2006, un reportaje en la revista Cambio, bajo el título de Yo acuso, dio gran despliegue a declaraciones de García Torres involucrando al ex jefe del DAS. Después El Nuevo Herald, el Miami Herald y la revista Semana le dieron portada al suceso, y el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana (fiscal de bolsillo y hombre cercano a los jefes del Bloque Central Bolívar de las autodefensas), se vio obligado a iniciar una investigación. Noguera renunció al consulado en Milán, pero para entonces había comenzado a actuar la Suprema Corte de Justicia y estalló el escándalo de la narcoparapolítica. Rafael García se convertiría en una de las piezas clave del proceso. Medio centenar de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, funcionarios, políticos y empresarios de la alianza uribista fueron a parar a la cárcel. Entre ellos varios alfiles del presidente que habían llegado al Congreso gracias al poder armado de las AUC. En febrero de 2007 Noguera fue detenido, enviado a prisión e inhabilitado 18 años para ocupar cargos públicos. El propio fiscal Iguarán fue investigado por la Corte Suprema de Justicia. En abril de 2008, la Suprema Corte y la fiscalía rebajaron la condena de Rafael García y en noviembre obtuvo la libertad condicional.

Plan con monigote visible

De su testimonio, cabe rescatar los diálogos de García con Diego Fernando Murillo (Don Berna), en la zona de alta seguridad de la cárcel de La Picota. El jefe paramilitar le confió cómo, junto con otros líderes de las AUC y miembros de las elites políticas y empresariales antioqueñas, fueron construyendo el proyecto político-criminal que tiene como monigote visible a Álvaro Uribe. Don Berna señaló que un hermano del presidente, Santiago Uribe Vélez, y un primo, Mario Uribe Escobar, tenían antiguos nexos con él y la familia Castaño, y ratificó que el clan Uribe había creado grupos paramilitares en Antioquia, vinculados al narcotráfico. “Durante muchas noches me habló Don Berna de la estrecha colaboración de las elites antioqueñas para financiar la expansión de grupos paramilitares en diversas regiones, buscando tener una fuerza armada irregular que enfrentara a la guerrilla con sus mismo métodos y amedrentara y eliminara a quienes se oponían a su inexorable ascenso al poder”.

Concluye Rafael García en su documento: “El ascenso de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia significó la llegada al poder de un proyecto político producto de una alianza macabra entre sectores de la ultraderecha en la legalidad: jerarcas de la Iglesia católica, empresarios, dueños de medios de comunicación y políticos radicales de derecha, y sectores de la ilegalidad: los jefes de las AUC, narcotraficantes del sur del país y de los Llanos Orientales, de la Costa Atlántica, de Antioquia, Bogotá y del cártel del Norte del Valle”. Hoy, agrega, los jerarcas de ese Estado mafioso buscan garantizar la sucesión presidencial y se manejan media docena de nombres. No obstante, todo apunta que en 2010 Álvaro Uribe pretenderá mantenerse en la presidencia, único camino para que él y sus secuaces no sean llevados ante la justicia internacional.