El Senado concluye este martes el periodo ordinario de sesiones con un debate sobre los cambios recientes en el gabinete presidencial, entre ellos el de Agustín Carstens, quien dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras ser nombrado gobernador del Banco de México.

Cada fuerza política representada en la Casona de Xicoténcatl expresará su postura en torno a esos enroques, como el de Ernesto Cordero, quien de la Secretaría de Desarrollo Social pasa a la de Hacienda.

Las bancadas de PRI y PRD anticiparon que expresarán su rechazo a lo que consideran la decisión de colocar a amigos e incondicionales en el gabinete, sin capacidad y experiencia.

El PRI impulsará en el próximo periodo de sesiones una reforma constitucional, cuya iniciativa presentó el senador Pedro Joaquín Coldwell el 24 de noviembre pasado, en la que propone que el Presidente de la República comparta con el Congreso la designación de los integrantes de su gabinete legal, así como de los directores de Pemex y de la Comisión Nacional del Agua.

El Ejecutivo mantendría la facultad de nombrar a sus colaboradores, pero el Senado deberá ratificarlos, a excepción de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina.

Es primordial que el Ejecutivo federal comparta la responsabilidad del nombramiento de los encargados de la conducción del país, conforme a la modalidad de ratificación, con el Senado de la República, a fin de otorgar a los funcionarios nombrados y ratificados mayor legitimidad en el marco de la complementariedad de funciones del Estado democrático, advierten los priístas en la exposición de motivos.

La reforma fija los mecanismos del proceso de ratificación. El Senado tendrá un plazo de 30 días para dictaminar a favor o en contra la propuesta del Ejecutivo. De no hacerlo en ese plazo, se dará por aprobado en automático el nombramiento.

Si el Senado rechaza el nombramiento, el Ejecutivo deberá enviar otra propuesta en un plazo de 15 días.