El grupo especial de trabajo de la Cámara de Diputados que sigue los procesos penales a ex funcionarios del gobierno de Michoacán y alcaldes de ese estado, acordó viajar el martes 19 a Morelia para entrevistarse con ellos y además tener un encuentro con sus familiares.

En San Lázaro se informó que los legisladores federales también se entrevistarán con la familia del edil de Múgica, Armando Medina Torres, del Partido Revolucionario Institucional, quien continúa preso en el penal de Puente Grande, Jalisco.

El presidente del grupo de trabajo y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, señaló que con la visita al penal de Mil Cumbres, en la capital de Michoacán, concluirán las entrevistas con la mayoría de los detenidos por sus presuntos vínculos con el cártel de La Familia, porque, explicó, en la primera sesión ordinaria del siguiente periodo ordinario de sesiones, los diputados presentarán al pleno de la Cámara su informe del seguimiento.

El diputado Moreira Valdés dijo en entrevista que al declararse la incompetencia de un juzgado del estado de Nayarit, no sólo se logró el traslado de los ex funcionarios a su estado natal, sino también el envío de los expedientes respectivos, lo que facilitará los procesos.

Asimismo, definió como atípico que la detención de los colaboradores de la administración estatal y de los alcaldes se realizara en Michoacán, se les enviara a un segundo estado para encarcelarlos y en un tercero se llevaran sus apelaciones en segunda instancia.

“Ello –aseguró el legislador– dificultó su ejercicio del derecho de defensa, de proximidad y de acceso a sus expedientes. Se mermaron sus derechos”, afirmó. Moreira Valdés explicó que el informe incluirá una opinión razonada de los diputados sobre esos hechos y sobre las entrevistas que también se llevaron a cabo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la comisión estatal homóloga y organizaciones no gubernamentales del estado de Michoacán.

También, en entrevista, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja consideró que la falta de pruebas para vincular a los siete presidentes municipales procesados y ex funcionarios del gobierno de Michoacán con el narco permitirá que en breve salgan libres.

Resaltó que el grupo de trabajo ha analizado el caso con mucho cuidado y responsabilidad, y sostuvo que el Ministerio Público Federal no ha presentado pruebas claras en contra de los inculpados, y en cambio las fuerzas federales que los detuvieron y el gobierno federal violaron sus derechos humanos. Fueron detenidos, aseguró, sin órdenes de aprehensión, además de que se les sometió a presiones y malos tratos.