La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por considerar que eran de manera manifiesta e indudable improcedentes los recursos de controversia constitucional promovidos por los gobernadores de Tlaxcala, Morelos y Guanajuato contra las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en torno al matrimonio entre personas de un mismo sexo y la posibilidad de que estas parejas puedan adoptar.

El ministro Sergio Valls Hernández dio a conocer en los estrados del máximo tribunal que se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional, ya que lo aprobado por el órgano legislativo del Distrito Federal no afecta su esfera de atribuciones.

En sus argumentos el ministro Valls, quien sí dio entrada a la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República, señaló que los mandatarios estatales Héctor Ortiz Ortiz, Marco Antonio Adame y Juan Manuel Oliva Ramírez no tienen interés jurídico en el caso.

Explicó que los actos del estado civil (matrimonio) ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los otros, pero las leyes de un estado sólo tendrán efectos en su territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él.

Los actos del estado civil realizados conforme a tales leyes (del Distrito Federal), son ajenos totalmente a la esfera de facultades o atribuciones de los estados, en tanto no constituye un acto individual y concreto que en forma patente afecte su autonomía o atribuciones, menciona la resolución.

Y como consideró que al no existir un principio de agravio en su esfera, el estado promovente (Guanajuato, Tlaxcala y Morelos) carece de interés legítimo.

El gobernador de Jalisco, Emilio González, decidió enviar la controversia constitucional por correo a la Corte.

En este momento la SCJN sólo cuenta con una copia del matasellos del Servicio Postal de Jalisco, que indica que el documento fue depositado a tiempo, por lo que espera que el expediente llegue para turnarlo al ministro.