Piden más atribuciones para la Comisión Federal de Competencia
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 25
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil en defensa de los consumidores exigió al Poder Legislativo mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia (CFC) con objeto de combatir a los monopolios, a los que acusó de ser los principales responsables del atraso económico, político y social de México, debido a que obligan a los usuarios a trasladar miles de millones de recursos financieros a las grandes corporaciones a través del sobreprecio.
La organización Consumidores, que agrupa a organismos como El Barzón y El Poder del Consumidor (EPC), demandó que en la reforma a la Ley Federal de Competencia, que se discute en la Cámara de Diputados y que se prevé esté lista en abril, se otorguen mayores facultades a la CFC para sancionar incluso penalmente a las empresas que incurran en tales prácticas.
La misma OCDE y la OMC los han señalado (a los monopolios) como responsables de que la economía no crezca y de que han afectado hasta en tres puntos porcentuales al PIB
, sostuvo Dolores Rojas, de Oxfam México.
Agregó que la reforma que habrá de aprobarse deberá tener como objetivo principal el derecho al desarrollo, es decir, terminar con privilegios y privilegiados
.
Rojas indicó que la Ley Federal de Competencia debe contemplar la existencia de medidas penales para las empresas que incurran en esa falta, así como establecer sanciones monetarias y la desincorporación de activos a quienes se acrediten prácticas monopólicas absolutas.
El dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso penas de entre 2 y 5 años de cárcel, así como multas equivalentes a 30 por ciento de las ventas totales anuales de las empresas que incurran en dichas prácticas, y no los 86.2 millones de pesos como máximo que prevén actualmente las leyes, aun cuando los monopolios obtienen ingresos muy superiores a dicha cifra.
Ramírez Cuéllar dijo que un grupo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como varias cámaras, han lanzado una ofensiva para despojar a la CFC de sus facultades sancionadoras y dejarle sólo las de investigación.