De la homofobia a la tolerancia

El pasado 17 de mayo, la oficina de la Presidencia de la República decretó la fecha como Día Nacional de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. Así culminó el proceso que inició al aprobarse el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia en la Cámara de Diputados, en 2006. La forma en que fue nombrado el día causó polémica y puso de manifiesto la renuencia del Ejecutivo federal a enunciar la palabra “homofobia”.

Un actor importante en el camino para la aprobación del decreto fue el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Su presidente, Ricardo Bucio, comentó a Letra S los alcances del decreto de la fecha y explica cuál fue el papel de la dependencia a su cargo, así como qué grado de incidencia tenía esta instancia en la decisión final.

¿Cuáles son las implicaciones que trae el decreto
del Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias?
Una muy importante es que se reconozca, a través de los considerandos del decreto, que hay obligaciones del Estado y de sus instituciones públicas para atender todo lo que implica la homofobia contra la comunidad LGBT (lésbico, gay, bisexual y transgénero). Que no es un asunto solamente de las personas, de las organizaciones civiles, de los activistas, sino que hay responsabilidades del Estado que están planteadas desde la Constitución, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Derechos Humanos, además de las que estarán contenidas en lo que será el Programa Nacional de Lucha contra la Discriminación.

Hubo muchas críticas respecto a que no se mencionara
la palabra “homofobia” en el nombre del decreto. ¿Qué sucedió?
El proceso comenzó en la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, donde se aprobó el proyecto de decreto del Día de la Lucha contra la Homofobia. El proceso siguió en los términos que debía haberlo hecho en el Conapred, y así fue enviado a la Consejería Jurídica de la Presidencia. El decreto es una atribución del titular del Ejecutivo solamente, así que suponemos que hay una decisión de las instancias de la Presidencia para conservar los antecedentes, los considerandos y modificar el nombre del decreto.

¿Podría este nombre limitar de alguna forma las acciones contra la homofobia?
Jurídicamente no porque el decreto, al solamente declarar el día como oficial, no produce obligación alguna para ninguna instancia pública. Lo que sí produce obligaciones es lo que establecen la Constitución, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Programa Nacional de Derechos Humanos. El decreto no tiene efectos vinculantes, pero las políticas y las leyes, sí.

Dado que no es vinculante, ¿cuál es la contribución de haber decretado finalmente la fecha?
El hecho de que haya un decreto, incluso pese al nombre que tiene, hace un reconocimiento de que este tema es una responsabilidad del Estado. En ese sentido me parece importante, incluso con la ambigüedad que se señala. Creo que es un impulso para que las instancias públicas asuman la parte que les toca en este proceso. Evidentemente tenemos mucho aún que hacer, tanto con el decreto como con la agenda de la política pública, eso es parte de lo que tenemos que definir con un grupo de trabajo que vamos a crear sobre el tema. En él van a participar la secretarías de Gobernación, de Salud, de Educación, el ONUSIDA y el Conapred. Esperamos comenzar los trabajos en junio.

¿Hasta dónde el Conapred tenía injerencia o capacidad de
decisión en que el decreto del 17 de mayo conservara su nombre?
Capacidad de decisión, no tiene. Para emitir un decreto hay instancias que proponen. En este caso, Conapred propuso el Día de la Lucha contra la Homofobia. Hay instancias que hacen una validación de los efectos que pueda tener dicho proyecto de decreto, que en este caso son la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que hicieron lo propio, y hay una instancia a la que le toca, como cabeza de sector, enviar el proyecto de decreto a la Consejería Jurídica, que es la Secretaría de Gobernación. En realidad acompañar este proceso hasta ahí es la responsabilidad de Conapred y en donde tiene capacidad de intervención, no más allá de eso. (Rocío Sánchez)

S U B I R