En Bolivia
Los 300 kilómetros de una victoria
Rosa Rojas, La Paz. Entre el 21 de junio, cuando partió de la ciudad de Trinidad, en el norteño departamento del Beni, la séptima marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por el territorio y las autonomías indígenas, y el 23 de julio, cuando la movilización entró en un cuarto intermedio, esta organización y el gobierno del presidente Evo Morales libraron una desigual y encarnizada batalla verbal.
Todo el aparato de comunicación estatal —Canal 7, Radio Patria Nueva y sus repetidoras, el diario estatal Cambio, spots en televisoras y radios comerciales, notas en diarios nacionales y regionales— reproducían declaraciones de funcionarios, destacadamente del ministro de Autonomías Carlos Romero, en el sentido de que la marcha no tenía razón de ser porque las propuestas de la CIDOB ya estaban incluidas en el proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Asimismo el gobierno argumentaba que algunas de las demandas de la CIDOB eran “anticonstitucionales”, “ilegales”, “irracionales” e incluso “discriminatorias” en contra de los derechos del resto de los bolivianos. Para peor, decían que la marcha era “manipulada por la derecha”, organizaciones no gubernamentales y financiada por usaid (la agencia de Estados Unidos para la ayuda en el exterior).
Una de las ONG´s así satanizada es el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), que durante muchos años ha asesorado a la CIDOB, y de la cual fue director el propio ministro Romero. Iván Bascope, responsable regional en La Paz que dio seguimiento a las negociaciones de CIDOB con el gobierno, afirmó a Ojarasca: “Jamás hemos tenido financiamiento de usaid (… ) Hemos sido gente proactiva del proceso de cambio”.
La marcha de la CIDOB, en penoso avance que se agravó porque las últimas dos semanas enfrentó un surazo helado, ya en el departamento de Santa Cruz, recibía a su vez una modesta cobertura mediática, a veces limitada al revire de las acusaciones del día en su contra, la reiteración de la justeza de sus demandas y fotos de los indígenas con arcos y flechas.
La marcha partió con unos 700 chimanes, ayoreas, chiquitanas, movimas, moxeñas, mosetenes, guaraníes, a los que se fueron sumando más, hasta llegar a unas mil 400 en los casi 300 kilómetros que recorrió rumbo a La Paz. Sus demandas incluían 13 puntos, entre ellos la conclusión del saneamiento (regularización) y titulación de todos los territorios comunitarios de origen (TCO), así como “el desalojo de los terceros ilegales en nuestros territorios”.
Exigían al gobierno garantizar que la categoría de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) “en ningún caso implique o se interprete como copropiedad indígena y campesina sobre las TCO, teniendo éstas como únicos titulares a los PI que los demandaron”.
Asimismo demandaban “para garantizar el derecho de los PI a la integralidad” de sus territorios, “la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de todas las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar que no tienen tierra y los que las tienen insuficientemente”.
Exigían “la nulidad de las concesiones forestales, mineras y otras que afectan a los PI en su territorio”.
Asimismo, garantizar el acceso de todos los pueblos a la autonomía “sin límite del número de habitantes y medición de capacidades”, debiendo respetarse la aplicación de normas propias en la implementación de las autonomías indígenas (AI) “y no imponernos el referéndum como medio de decisión”.
También “respetar a los TI consolidados como unidades territoriale para acceder a la AI sin derivarlos a una ley para que determine una nueva delimitación con la jurisdicción de los municipios” y la obligación del Estado de garantizar recursos económicos a las autonomías indígenas.
Además el respeto al derecho a la consulta que tienen los pueblos, incluidos “todos los anteproyectos de ley de interés de los pueblos indígenas” y la elaboración de una Ley del Derecho de Consulta.
Exigían que “en todas las estructuras del gobierno plurinacional se designen autoridades provenientes de los pueblos indígenas propuestos a través de la CIDOB y sus organizaciones regionales”.
Entre el 3 y 4 de julio, una comisión de senadores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) acordó con los marchistas incluir en el proyecto de LMA las propuestas de la CIDOB.
El 7 de julio, reunidos en el palacio de gobierno con el vicepresidente Alvaro García Linera, dirigentes de las confederaciones de Campesinos (CSTUCB), Mujeres Indígenas (Bartolinas), Comunidades Interculturales y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, integrantes del Pacto de Unidad en el que participa la CIDOB, en un manifiesto pidieron a los marchistas “no dejarse manipular por algunos dirigentes de la derecha” y les pedían suspender la marcha.
Entre el 18 y el 20 de julio, dirigentes de la CIDOB y funcionarios lograron un acuerdo en el que el gobierno comprometió 6 mil 500 millones de dólares para el saneamiento de tierras, un cronograma para diversas TCOs, asesoría para otorgar recursos para la gestión territorial indígena y creación de comisiones para atender demandas específicas de la marcha.
Bascopé informó que la CIDOB con el concurso de diputados indígenas como Pedro Nuni, ex dirigente de la misma, y otros como el ex líder guaraní Wilson Changaray, el weenayek Federico Salazar y el guarayo Bienvenido Zacú, lograron cambios en 20 artículos de la LMAD, 11 de ellos acordados durante la marcha. (Ver la matriz comparativa de estos cambios elaborada por el CEJIS en la edición electrónica de Ojarasca).
Adolfo Chávez, presidente de la CIDOB, al hacer una evaluación de la marcha, aseveró a Ojarasca que se logró plasmar en la LMAD “una autonomía como corresponde a través de actividades y gestiones territoriales y económicas que se van a convertir en los pilares fundamentales en una economía local donde el gobierno no ha llegado… y esa es la esperanza de las autonomías indígenas”.
Apuntó que con sus ataques a la CIDOB, al gobierno “se le cayó la estantería… ha quedado en ridículo, el ataque fue más bien para ellos”.
A su vez, Pedro Nuni apuntó que el gobierno decía “que queríamos dividir al país, pero no es cierto que todas las tierras fiscales las queríamos. Lo que buscan es satisfacer a las bases del MAS que se meten a nuestros territorios. Tienen derecho a tierras, pero hay sobreposición; por ejemplo en las tierras del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Securé), pese a que están ejecutoriadas, campesinos del MAS se han metido y ya tienen el 30 por ciento. Ahora, los enemigos de los indígenas son los campesinos”.
