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Hostigan a miembros de radio comunitaria

Piden revocar sentencia contra tres amuzgos
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de octubre de 2010, p. 15

Agrupaciones defensoras de los derechos del pueblo amuzgo realizaron una manifestación afuera de la representación del gobierno del estado de Guerrero en el Distrito Federal para demandar el cese del hostigamiento contra tres integrantes y fundadores de la radio comunitaria Ñomndaa, La Palabra del Agua, pilar en la construcción de la autonomía en Xochistlahuaca y herramienta de preservación de la lengua y cultura amuzgas, la cual ha incidido para que se haga frente a los caciques de la región.

Mediante pancartas, los inconformes exigieron la revocación de las injustas sentencias contra David Valtierra Arango, Silverio Matías Domínguez y Genaro Cruz Apóstol, quienes a fines de septiembre pasado fueron sentenciados por el juzgado mixto de primera instancia con sede en Ometepec a tres años y dos meses de prisión, así como a pagar una multa de mil 753 pesos, por privación ilegal de la libertad.

Los manifestantes aseguraron que el proceso judicial estuvo amañado ya que hubo fabricación de delitos; detrás de esto, señalaron, está la diputada Aceadeth Rocha Ramírez, a quien calificaron de cacique y a quien le incomoda Radio Ñomndaa.

Édgar Martínez, integrante del colectivo Tlanchana, señaló en entrevista que la radio comenzó a operar en 2004, y que debido a que promueve la defensa del territorio y la protección de los recursos naturales de la zona, ha sufrido represalias, al igual que sus impulsores, por promover la autonomía del pueblo amuzgo en una zona en que caciques roban y saquean recursos naturales.

Rudiseli Gil apuntó que desde 2004 los fundadores de la radio y promotores del municipio autónomo de Suljaá de Xochistlahuaca han estado en procesos judiciales por delitos que no cometieron y afirmó que Narciso García, quien interpuso una denuncia de la cual se derivó la sentencia, es gente de Aceadeth Rocha, quien en dos ocasiones ha sido presidenta municipal.

Los hechos ocurrieron en 2002 en una asamblea general de ejidatarios, en la que se exhortó a García a dejar de invadir y vender terrenos de uso común. “Dijo que no dejaría de hacerlo y varias mujeres lo agarraron y lo llevaron al palacio municipal donde lo retuvieron una tarde; él denunció culpando a quienes son opositores de la cacique”.

La custodia, aseguraron, se realizó conforme a usos y costumbres locales y añadieron que solicitaron al gobernador Zeferino Torreblanca que se revierta la injusta sentencia.