Ciudad Juárez, Chih., 11 de diciembre. El gobierno federal ya pagó indemnizaciones de tres millones y medio de pesos a cada una de las tres familias que presentaron demandas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por los asesinatos de otras tantas mujeres en el predio juarense conocido como Campo Algodonero, en cumplimiento a la sentencia del tribunal internacional de los derechos humanos; sin embargo falta una disculpa pública que el organismo ordenó, y los deudos exigen al presidente Felipe Calderón, pero éste se niega a otorgarla, aseguró la diputada federal Adriana Terrazas Porras.

La legisladora del PRI anunció que el cumplimiento de la sentencia de la CIDH será un tema a tratar por la Cámara de Diputados; consideró que de no ser Felipe Calderón, el funcionario que debería ofrecer las disculpas públicas, debería ser el secretario de Gobernación.

El fallo de la CIDH respecto al caso Campo Algodonero responsabiliza a las autoridades del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos se hallaron en dicho lote el 8 y el 9 de noviembre de 2001.

Terrazas Porras exigió un acto público donde (el gobierno federal) reconozca su responsabilidad internacional, y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette, y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

La red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez informó que “apenas el pasado 8 de diciembre se informó a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarían (el viernes pasado) un acto para reconocer la responsabilidad internacional del Estado (sobre los feminicidios perpetrados en Campo Algodonero), y colocar la primera piedra del monumento a las víctimas.

Este acto evidentemente fue organizado al vapor, pues el gobierno mexicano debía informar a la CIDH el 10 de diciembre 2010 las acciones realizadas para cumplir la sentencia, de las que no tiene nada, según el organismo no gubernamental.

La red sostuvo que el Presidente de la República se negó a encabezar el acto del viernes, debido a la inseguridad que se vi- ve en Ciudad Juárez, y por evitar ser objeto de una manifestación de repudio en pleno Campo Algodonero.

Recordó que la CIDH condenó hace un año al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres que fueron levantadas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, así como por violar los derechos de sus madres y familiares.

La sentencia, resultado de un largo proceso judicial, comprueba el incumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos en esta localidad. Las pruebas no sólo remiten a los hechos específicos de tres de las mujeres encontradas en Campo Algodonero, sino también a información y hechos de violencia de género documentados desde 1993.

La condena implica acciones para transformar la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que se ha registrado desde 1993.

Según la red Mesa, 2010 está marcado no sólo por la aplicación de la sentencia sobre el caso Campo Algodonero, sino por hechos graves de simulación e impunidad, entre ellos la masacre en Villas de Salvárcar, ocurrida al inicio del año y que dejó 14 muertos, así como la violencia en específico contra periodistas y médicos.