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El legislador perredista convoca al Senado a resistir y rechazar lo que proponen los diputados

Inconstitucionales, las modificaciones a la minuta de ley de seguridad: Gómez

El cambio que pretenden realizar en San Lázaro es una regresión muy grave, advierte el legislador

Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Viernes 22 de abril de 2011, p. 7

El Senado de la República debe resistir y rechazar las modificaciones inconstitucionales a la minuta de Ley de Seguridad Nacional que se proponen en el proyecto de dictamen elaborado por los diputados, advirtió el perredista Pablo Gómez.

El legislador fue el autor de la disposición que prohíbe al Presidente de la República utilizar al Ejército para reprimir movimientos sociales, laborales y electorales, misma que quedó asentada en el artículo 65 de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el Senado el 27 de abril de 2010. Por ello, en entrevista, consideró que el cambio en contra que pretenden los diputados es una regresión muy grave.

En el Senado, recalcó, se aprobó una ley que da certeza al Ejército en su participación en el combate al crimen organizado, pero protege al mismo tiempo los derechos humanos de los ciudadanos. Como legisladores tenemos que defender las libertades públicas, no podemos hacer leyes contrarias a lo que establece la Constitución o vayan en contra del ejercicio de las libertades de las personas.

Durante la aprobación en Xicoténcatl de esa ley, reglamentaria del artículo 89 constitucional, el senador Gómez Álvarez expuso que incluir esa prohibición lo aprecia como una reivindicación de las víctimas que en el pasado fueron objeto de represalias, con el uso de la fuerza militar, de los deudos de quienes perdieron la vida en tales acciones.

Preguntó si los diputados que elaboraron el proyecto de dictamen están conscientes de que dan luz verde a Felipe Calderón para que, como en el pasado, pueda mandar a las fuerzas armadas a reprimir huelgas, movimientos estudiantiles o protestas por fraudes electorales.

El senador perredista recordó que dictaminar la Ley de Seguridad Nacional, a partir de la iniciativa presidencial en la materia, fue objeto de un análisis serio por más de un año, que incluyó escuchar las demandas del alto mando del Ejército. Una de las cosas que les pidieron, dijo, fue que se permitiera a los militares retener por 24 horas a los criminales detenidos, y nos negamos porque es inconstitucional.

Vulnera también la Carta Magna, dijo Pablo Gómez, esto que los diputados retomaron de permitir al Ejército que restrinja la circulación de vehículos y mercancías. El fondo de esa discusión, detalló, son los inconstitucionales retenes establecidos en la mayor parte del país, que presuponen que toda persona que cruza por ahí comete un delito y los pueden tratar como delincuentes en flagrancia.

Gómez Álvarez recordó: A Calderón no le gustó que su iniciativa se haya modificado a fondo en el Senado y se eliminaran aquellos aspectos encaminados a instaurar el Estado policiaco, que ha querido desde el inicio de su gestión, donde la sociedad está rigurosamente vigilada y rigurosamente amenazada y se restringen las libertades con el pretexto de combatir la violencia.

Agregó: Esperaremos a ver qué pasa el lunes en que se discutirá ese proyecto de dictamen. En el Senado podemos parar esas modificaciones si el PRI se mantiene y respalda el proyecto de Ley Nacional de Seguridad que avaló. Hace un año esa legislación se aprobó con 109 votos en favor y sólo uno en contra, del petista Ricardo Monreal.

Al respecto, el vocero de los senadores del PRI, Carlos Jiménez Macías, dijo que su bancada no va con ese proyecto de dictamen y esperan que no se apruebe en comisiones la próxima semana. Es el peor momento para aprobar una ley en ese sentido, recalcó el legislador.

El dictamen ya confrontó a los grupos parlamentarios del PRI en ambas cámaras. A los senadores priístas les molestó que la bancada tricolor en San Lázaro avale ese cambio frontal a la minuta que impulsaron Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam. Este último recalcó ante el pleno, el 27 de abril de 2010, que no había sido fácil llegar a esa legislación y que se requirió un enorme esfuerzo de congruencia y entendimiento de la realidad nacional, de búsqueda de soluciones a un problema que sin duda es el más grave que los mexicanos vivimos.

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