Guatemala, 17 de mayo. La policía de Guatemala fue puesta este martes en alerta máxima a nivel nacional a raíz de las amenazas recibidas por los operativos para dar con los responsables de la matanza de 27 campesinos, atribuida por el gobierno al cártel mexicano Los Zetas, lo que obligó a imponer el estado de sitio en el departamento de Petén, donde se perpetraron la ejecuciones.

La embajada de México en Guatemala condenó la muerte de los jornaleros, al manifestar su solidaridad con el pueblo y el gobierno guatemaltecos, y presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas, en un comunicado.

La sede diplomática, encabezada por el embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, respaldó plenamente las acciones del gobierno del presidente Álvaro Colom contra la delincuencia, y reiteró la disposición de las autoridades mexicanas para seguir colaborando conjuntamente en la lucha contra este flagelo (de la delincuencia organizada) que no tiene nacionalidad ni reconoce fronteras.

Se estableció la alerta máxima de seguridad a escala nacional, informó el ministro de Gobierno, Carlos Menocal, quien precisó que se realizan operativos no sólo en Petén, sino también en otras áreas del país, y agregó que se ha avanzado en las investigaciones sobre la matanza del pasado fin se semana en la finca Los Cocos del municipio La Libertad, en el departamento de Petén.

El ministro explicó que la línea telefónica de emergencia de la Policía Nacional Civil ha recibido varias llamadas con amenazas de lanzar ataques armados o colocar explosivos en los cuarteles y autopatrullas si no cesan los operativos de seguridad. Esto es una especie de generación de sicosis, tiende a aumentar más la situación de terror por lo vivido en Petén. Las fuerzas de seguridad toman sus precauciones, afirmó.

Además, Petén, una región selvática fronteriza con México, amaneció hoy bajo estado de sitio por 30 días en un intento del gobierno por devolver la tranquilidad al pueblo de ese departamento, explicó anoche el presidente Colom en un mensaje a la nación.

Tras el decreto, las fuerzas de seguridad montaron puestos de registro en carreteras y calles de los municipios de Santa Elena y San Benito, que son fuertemente vigilados después de la matanza, en la que casi todas las víctimas fueron decapitadas.

El presidente, que ha recibido la solidaridad de varios países, ya había decretado en diciembre pasado el estado de sitio en el vecino departamento de Alta Verapaz, donde el crimen organizado tenía prácticamente el control territorial, con lo que, de acuerdo con las autoridades, podían mandar el trasiego de la droga.

Guatemala tiene que enfrentar esta agresión, que no es sólo al país sino a la región, y lo tenemos que hacer de frente, de pie y con valentía para que estos criminales vayan a donde tienen que estar, que es la cárcel, declaró.

Reminiscencias de los años 80

El mandatario también reconoció que ex militares guatemaltecos vinculados con las atrocidades cometidas contra la población civil durante la guerra civil que duró 36 años y que cesó en 1996 podrían haber intervenido en la matanza de los 27 campesinos.

Durante una entrevista concedida a la periodista mexicana Carmen Aristegui, para su programa de noticias de MVS Radio, Colom manifestó que esta matanza le trajo reminiscencias de las registradas en la década de los años 80 contra comunidades rurales.

En ese sentido, explicó que una persona detenida el pasado lunes tras un enfrentamiento con tres presuntos integrantes de Los Zetas, era un ex sargento mayor del ejército de Guatemala, y que ya se verifica en qué época fue militar y en qué unidades estuvo.

Explicó que tras el cese del conflicto armado y la firma de los acuerdos de paz en 1996, hubo” una alta migración de ex oficiales de la década de los 80 a Los Zetas”. De esta manera, los ex militares guatemaltecos que habrían participado en la matanza podrían pertenecer al grupo de elite Kaibiles, cuyo centro de formación para supervivencia y ataque está enclavado en la selva de Petén.

Una mujer, de las tres personas que sobrevivieron a la matanza y que fueron integradas al programa de testigos protegidos, relató a los medios locales que el grupo armado que llegó a la finca para dar muerte a los trabajadores obedecía órdenes de un hombre al que llamaban Kaibil.

La mujer relató que no fue asesinada junto con su esposo –una de las 27 víctimas– por su embarazo de siete meses.

Fue una cuestión totalmente salvaje e inaudita, sostuvo Colom al recordar que 25 de los 27 campesinos fueron decapitados, y aseguró que su gobierno está dispuesto a hacerle frente a esa gente y expresó su esperanza de que durante las próximas horas se hagan capturas importantes.

Más tarde informó que los operativos realizados desde el domingo, cuando se encontraron los 27 cuerpos, se han realizado en coordinación con las fuerzas de seguridad de México, país con el que Guatemala comparte mil kilómetros de frontera.